En una carta enviada, tanto a autoridades españolas como de Naciones Unidas (ONU) siete organizaciones solicitaron que el Gobierno de Sebastián Piñera no esté a cargo de la presidencia de la 25° Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático (COP 25) de la ONU- que se desarrollará finalmente en España- porque: “no se han solucionado los graves problemas que Chile enfrenta todavía y que provocaron que la Conferencia tuviese que trasladarse a otro país”.
Las organizaciones firmantes son: Confederación Sindical Internacional (CSI) Confederación Europea de Sindicatos (CES) Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA) y las multisindicales españolas: Comisiones Obreras (CCOO) Unión General de Trabajadores (UGT) Unión Sindical Obrera (USO) junto a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT Chile)
En la carta –dirigida a Teresa Ribera encargada del Ministerio para la Transición Ecológica de España y a Patricia Espinosa, secretaria Ejecutiva de Naciones Unidas Cambio Climático- argumentaron que: “…el Gobierno chileno carece de las cualidades y del respeto internacional imprescindibles para presidir la Cumbre del Clima de Naciones Unidas”.
Recordemos que Chile era sede de la COP25 que se desarrollaría entre el 2 y 13 de diciembre. Sin embargo, Sebastián Piñera el 30 de octubre anunció la suspensión de la cumbre (y también la reunión del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) que se realizaría entre el 16 y 17 de noviembre) alegando que: “Nuestra primera preocupación y prioridad como Gobierno es concentrarnos en restablecer el orden público, la seguridad ciudadana y la paz social, segundo, impulsar con toda la fuerza la agenda social para responder a las principales demandas de los ciudadanos y tercero, impulsar un amplio y profundo proceso de diálogo y acuerdos”.
Este anuncio, el Presidente Piñera lo hizo a 12 días iniciadas las manifestaciones de protesta y a dos días de levantar el “Estado de Excepción” que implicó –durante 10 días- el despliegue de militares en las calles. En el intertanto, el número de víctimas fatales y heridos iba en aumento.
Tras la suspensión, el 31 de octubre el Gobierno español, acogió en Madrid el desarrollo de la COP25 aunque igualmente Chile mantendrá la presidencia de la Cumbre con todo el papel protagónico que demanda el evento.
Ante esto, las organizaciones firmantes afirmaron: “La decisión de mantener la presidencia chilena de las organizaciones en la COP25 pretende quitar del foco la situación de represión, violencia y vulneración de derechos humanos –constatados por la Corte Interamericana y organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch- que está sufriendo el pueblo chileno en manifestaciones legítimas y pacíficas. El no cuestionamiento a la legitimidad de la presidencia chilena en la COP 25, acaba priorizando la institucionalidad climática por encima de la justicia social”.
Informe lapidario de Human Rights Watch
A la fecha, el Ministerio Público (Fiscalía de Chile), ha abierto 26 casos de personas muertas en el marco de las movilizaciones; 5 de ellas atribuidas directamente a agentes del Estado. Y en el último reporte de la Fiscalía se consignan: “2.670 investigaciones penales por violaciones a derechos humanos, las que involucran a igual número de víctimas, cometidas entre el 18 de octubre y 10 de noviembre. Del total de investigaciones, 2.052 corresponde a denuncias contra Carabineros; 183 involucran al Ejército; 50, a la PDI y 26 a la Armada. De acuerdo a las denuncias: “90 habrían sufrido desnudamientos; 26 habrían enfrentado hechos constitutivos de violación o abuso sexual; y 8, amenazas de cometer delitos sexuales en su contra. Las lesiones por armas de fuego suman 720, en tanto que los apremios ilegítimos cometidos por funcionarios públicos ascienden a 1.679. Los abusos contra particulares llegan a 774 y los casos de torturas a 44”.
En tanto, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, en conferencia de prensa dio a conocer el lapidario informe de la identidad: “Miembros de la policía nacional de Chile (Carabineros) cometieron graves violaciones de derechos humanos, que incluyen uso excesivo de la fuerza en las calles y abusos en detención, luego de masivas protestas que comenzaron el 18 de octubre de 2019 y continuaron durante varias semanas”.