“La intención de las fuerzas de seguridad chilenas es clara: lesionar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual en contra de manifestantes”.
Esa es una de las conclusiones del lapidario informe de la Misión Investigadora de Amnistía Internacional para las Américas sobre el actuar de agentes del Estado chileno (Carabineros y Ejército especialmente) durante las manifestaciones masivas que se vienen produciendo desde el 18 de octubre en el país, período que comprendió también 10 días de “Estado de Excepción” decretado por el Gobierno con la consiguiente salida a las calles de los militares.
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, agregó que: “…en vez de tomar medidas encaminadas a frenar la gravísima crisis de derechos humanos, las autoridades bajo el mando del Presidente Sebastián Piñera han sostenido su política de castigo durante más de un mes, generando que más personas se sumen al abrumador número de víctimas que sigue aumentando hasta el día de hoy”.
Paulo Abrão, secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en entrevista a Radio Cooperativa, confirmó que sí se están cometiendo violaciones a los derechos humanos durante estas últimas cinco semanas y que cuentan con “…denuncias y testimonios muy claros en ese sentido«. Conclusiones que también ha vertido en otros medios de comunicación donde ha reiterado que los testimonios que ha recibido son “…muy duros de escuchar, efectivamente hay un conjunto de violaciones que se han producido en el país”.
- Entrevista a Pablo Abrão:
La CIDH, “es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano”. Amnistía Internacional es una organización global en la que confluyen más de 7 millones de personas: “Es un movimiento global de personas que se unen para la promoción y defensa de los derechos humanos de todos/as los/as habitantes del mundo”, señalan en su web.
En tanto, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), en su reporte al 21 de noviembre, consigna: 2.535 personas heridas, entre ellas 1.015 por disparos de perdigones y 984 por golpes, gases y otros. Y han presentado ya 462 acciones judiciales. La actualización de sus reportes, da cuenta que siguen aumentando las víctimas.
La Fiscalía (Ministerio Público) a través de su cuenta de Twitter, informó el martes que “mantiene abierta 26 investigaciones por muertes ocurridas durante las manifestaciones sociales. A la fecha, tres personas fallecidas aún no son identificadas”. En el detalle, se reportan, cinco personas “fallecidas por acción de agentes del Estado”; dos, bajo custodia del Estado (detenidos en comisarías) y 19 personas muertas en diversas circunstancias en el contexto de las movilizaciones que comenzaron el pasado 18 de octubre.
- Leer listado:
La Sociedad Chilena de Oftalmología (Sochiof) este jueves emitió un comunicado público respecto el balance “…del número y severidad de atenciones que la Unidad de Trauma Ocular (UTO) del Hospital del Salvador ha debido enfrentar en el marco de las manifestaciones ocurridas en la Región Metropolitana”: Entre el 19 de octubre y el 20 noviembre, atendieron 220 personas; el promedio de edad, 29,8 años, la mayoría hombres; 40 pacientes presentaron traumatismo ocular con globo abierto (estallido ocular o herida penetrante ocular), siendo el principal mecanismo de acción herida por balines antidisturbios; 33 pacientes sufrieron pérdida total de la visión del ojo afectado. Y precisan que: “Contamos con información confirmada de 74 casos más registrados en otros centros de atención tanto en Santiago como en regiones durante el mismo período”. Siendo entonces hasta el miércoles, un total de 294 personas con lesiones oculares.
CUT exige responsabilidades
Frente a las conclusiones de Amnistía Internacional, CIDH e INDH, la vicepresidenta Nacional de la CUT Amalia Pereira, dijo que solo reflejan una “deshumana, triste y cruel realidad” que estamos viviendo en estas últimas cinco semanas.
Es por ello que ante este atropello flagrante de los derechos humanos, Pereira en primer lugar enfatizó la exigencia de una investigación a fondo de cada uno de los casos denunciados y NO a la impunidad en materia de responsabilidades, subrayando que: “…Aquí hay un Presidente que tiene que asumir las consecuencias”, de sus decisiones tanto al declarar Estado de Excepción como permitir el uso de fuerza excesiva por parte de los agentes del Estadodurante las manifestaciones.
