“Impresentable que el Gobierno de Chile se reste al llamado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para llegar a acuerdos sobre la migración ordenada, segura y regulada”.
Así calificó la vicepresidenta Nacional de la CUT y también encargada de la Secretaría de Trabajadores y Trabajadoras Migrantes de la Central, Amalia Pereira, la decisión del Gobierno de Sebastián Piñera de abstenerse a participar en la Cumbre sobre el “Pacto Mundial para la Migración” impulsado por la ONU, el cual será respaldado este 10 y 11 de diciembre por más de 180 países en Marrakech, Marruecos.
Este Pacto mundial, es el primer acuerdo global -sobre un enfoque común para la migración internacional en todas sus dimensiones que busca que la migración de personas sea segura, ordenada y regulada. Es un pacto que no es legalmente vinculante y respeta la soberanía de los Estados para gestionar sus fronteras y sus políticas migratorias (link video explicativo del Pacto: http://www.un.org/es/conf/migration/ ).
“A 70 años de la Declaración Internacional de la Carta de Derechos Humanos, nos parece increíble que nuestro país no esté presente en esta instancia, porque es un espacio mundial muy importante parta conocer la experiencia de grandes potencias frente a este fenómeno”, dijo Pereira, subrayando que este Pacto “no es vinculante y respeta la soberanía de los Estados (…). Es un pacto, en el que vamos a estar de acuerdo pero cada país tiene derecho a resguardarse por eso no es vinculante”.
Impacto transversal causaron las declaraciones del Gobierno chileno para restarse de firmar este Acuerdo sumándose de esta manera a Estados Unidos, Israel, Hungría, Austria, República Checa y Australia. Según declaraciones a la prensa del subsecretario del Ministerio del Interior, Rodrigo Ubilla, las razones para no suscribir el acuerdo, son porque “no se aprecia diferencia entre migración regular e irregular”, precisando luego que: «Nuestra posición es clara. Nosotros decimos que la migración no es un derecho humano”.
Estas declaraciones, Pereira las calificó de “aberrantes desde todo punto de vista, porque el Gobierno lo que está planteando es que la migración está fuera del ámbito de los derechos humanos. Para nosotros como Central Unitaria de Trabajadores, es un derecho humano de toda persona que busca mejorar sus condiciones de vida”, puntualizando que: “Afortunadamente para muchos compatriotas que emigran a otros países, sí consideran un derecho humano poder comenzar una nueva vida en otros lugares del orbe”.
Además, hay que tener en cuenta que abstenerse de dar su respaldo a este Acuerdo Global también produce una suerte de contradicción del actual Gobierno, pues el Estado de Chile suscribió el 24 de septiembre de 1993 –y promulgada como Decreto Ley en junio de 2005- la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, adoptada por la ONU en diciembre de 1990.https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=238928&r=2
Asimismo, Pereira recordó que Chile tiene una legislación migratoria que data del año 1975, por lo tanto no está ajustada a la realidad de hoy. Es por eso que manifestó la urgencia de una nueva “ley clara de migración y trámites expeditos para los que ya han llegado a nuestro país y así, puedan tener los mismos derechos que tenemos todos los seres humanos, sobre aspectos como trabajo, salud y educación”.
¿Cuáles son los objetivos del Pacto Mundial sobre la Migración?
De acuerdo a la ONU: “El Pacto se estructura en torno a 23 grandes objetivos. Entre esas metas, hay algunas genéricas como la cooperación para abordar las casusas que motivan la migración o mejorar las vías de migración legal. Pero también hay compromisos concretos, como medidas contra la trata y el tráfico de personas, evitar la separación de las familias, usar la detención de migrantes sólo como última opción o reconocer el derecho de los migrantes irregulares a recibir salud y educación en sus países de destino. Los Estados se comprometen también a mejorar su cooperación a la hora de salvar vidas de migrantes, con misiones de búsqueda y rescate, y garantizando que no se perseguirá legalmente a quien les dé apoyo de carácter «exclusivamente humanitario». Además, los Gobiernos prometen garantizar un regreso «seguro y digno» a los inmigrantes deportados y no expulsar a quienes se enfrentan a un «riesgo real y previsible» de muerte, tortura u otros tratos inhumanos”. https://undocs.org/es/A/CONF.231/3