Transversal rechazo al denominado proyecto de ley “Anti-saqueo”, aprobado en general por la Sala del Senado, por lo tanto el proyecto vuelve a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara Alta para su discusión en particular, fijándose plazo para presentar indicaciones hasta el 6 de enero próximo.
El proyecto, en segundo trámite Constitucional: “Modifica el Código Penal para tipificar como delito la alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia, y agrava las penas aplicables, en las circunstancias que indica”.
En una declaración pública, la CUT explicó que: “En lo específico, el Proyecto de Ley crea tipos penales abiertos, absolutamente indeterminados que no describen conductas específicas, si no que genéricas de desorden público, estableciendo penas absolutamente desproporcionadas en relación con los bienes jurídicos que supuestamente se pretende proteger, pues se asimilan las penas a los delitos más grave del Código Penal contra la Propiedad. Por ejemplo, marchar con banderas por una calle interrumpiendo el tránsito sin causar ningún daño pudiese ser un delito, lo mismo que una huelga reglada en una negociación colectiva, según los términos del proyecto de ley”.
Es por ello que formuló: “…un llamado a las fuerzas democráticas del Congreso Nacional a rechazar este proyecto de ley que criminaliza la movilización social. Nuestra convicción es que la crisis democrática se supera con más democracia, abriendo mayores espacios a la ciudadanía; lo que es completamente ajeno a legislar tipos penales que controlan y pretenden encarcelar al pueblo que se moviliza en las calles por sus justas demandas”.
En esa misma línea, Unidad Social (US) en un comunicado público, detalló que: El proyecto penaliza con cárcel las siguientes formas de manifestación: 1) Paros laborales en ciertas actividades económicas que interrumpan servicios públicos; 2) El derecho a la autodefensa frente a la represión policial; 3) La interrupción del tránsito de personas o vehículos; y 4) Las tomas de terreno, de edificios y toda formas de reivindicación territorial, 5) Castiga directamente a quienes han elegido organizarse junto a otras/os, estableciendo penas más graves en caso de que alguno de los hechos sean cometidos por participantes de “una agrupación y organización de dos o más personas destinada a cometer habitualmente los hechos” ya señalados, criminalizando la agrupación y organización social en la lucha por nuestros Derechos.
En esa perspectiva, puntualizaron que: “…entendemos la aprobación de este Proyecto como una continuación de la declaración de guerra a los pueblos que hiciera Sebastián Piñera. Defendemos nuestro derecho a la protesta, a la desobediencia civil y tal como establecen convenciones internacionales, nuestro derecho a la Huelga como Derecho Humano”, llamando entonces al rechazo de esta iniciativa.
La agenda legislativa represiva y sin duda, regresiva con la que se pretende institucionalizar el autoritarismo, contempla proyecto de ley:
· Anti-saqueo. En segundo trámite Constitucional
· Anti-Encapuchados. El Senado aprobó la idea de legislar
· Comisión de Seguridad Pública del Senado aprobó Reforma Constitucional para que las Fuerzas Armadas resguarden “infraestructura crítica” del país.