Ilegítima en su origen, autoritaria, centralista, nacionalista, ideologizada y tramposa. Esas son algunas de las indeseables características de la actual Constitución Política del país que deben motivar a las grandes mayorías a participar en el Plebiscito del próximo domingo 25 de octubre para cambiar el destino de la nación, aprobando la elaboración de una Nueva Constitución Política, redactada por una CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL donde, el 100% de sus miembros, serán elegidos democráticamente”.
Esa es la opción sobre la cual está cimentándose la campaña de la CUT a través de su “Comando Nacional de Trabajadores y Trabajadoras Nueva Constitución para Chile” colocando, el énfasis en los derechos laborales que deben quedar consagrados en esta nueva Carta Magna.
“Tenemos que asumir la tarea de escribir una Constitución en democracia, construir juntos y juntas la casa común que nos cobijará, en la cual los derechos laborales sean parte de sus cimientos”. Así resumió el gran objetivo, Ana Bell, consejera nacional y vocera del Comando de la CUT.
Destacó que, desde la mirada de la Clase Trabajadora, un punto fundamental que se debe tener en cuenta es la génesis de la actual Constitución toda vez que su redacción, estuvo a cargo de un reducido grupo de la élite más conservadora del país y de miembros de la Junta Militar, es decir, sin participación ciudadana que aportase al debate. Escrita en un contexto que jamás se debe olvidar: Pinochet y sus aliados políticos y empresariales, impusieron una brutal dictadura proscribiendo todo aquello que suponía disidencia a su gestión, cobrándose la vida de miles de compatriotas. Y a esto se suma la convocatoria de un Plebiscito para ratificarla (1980) en el que hay consenso en calificarlo de fraudulento.
“Fue hecha en plena dictadura. Tiene una ilegitimidad en su origen (…); no habían partidos políticos (…); la Central Única de Trabajadores había sido puesta fuera de la ley (…) y estábamos en un país donde llorábamos y buscábamos a nuestros queridos detenidos-desaparecidos; tantos y tantas compañeras, compañeros que fueron ejecutados (…) entre ellos más de 300 dirigentes sindicales cuyos paradero aún se desconoce”.
Una segunda razón para desecharla, es el tono autoritario e híper presidencialista con la que fue concebida, pulverizando la democracia que vivió el país hasta el 11 de septiembre de 1973. La Constitución hecha a la medida de Pinochet y de los economistas denominados Chicago Boys (quienes implantaron a fuego y sangre el modelo neoliberal), facultó de tal poder a la figura del “Presidente de la República” que hasta el día de hoy no se ha podido destrabar. Por ejemplo, la facultad del veto Presidencial -al antojo del Gobierno de turno-a leyes fundamentales para la vida plena de la población y aprobadas por el Parlamento, pasando a llevar así al Poder Legislativo pese a que, al igual que el Primer Mandatario del país, sus miembros son elegidos democráticamente.
Así lo manifestó Ana Bell: “La actual Constitución (…) faculta al Poder Ejecutivo, es decir al Presidente (de la República), a imponerse de manera autoritaria (…) El Presidente tiene elementos que le permiten la Constitución y que lo hacen estar por sobre todos los ciudadanos y ciudadanas: tiene el poder de Veto; él puede impedir que una ley se promulgue o puede incluso modificarla”.
Y como ejemplo que refleja lo actual de esta premisa, recordó el veto que impuso Piñera a la ley que evitaba el corte de servicios básicos como el agua y electricidad, en tiempos de pandemia, a todas aquellas personas que no pudiesen pagarlos.
“…una ley que se votó prácticamente con todos los sectores para impedir que los servicios básicos (…) fueran cortados –porque la gente no tenía con qué pagar- bueno, al Presidente se le ocurrió que esa ley había que vetarla (…) ¡qué veto más atentatorio a la vida! (…) tener agua es de vida o muerte (…) pero privilegió a las empresas (…). Este poder que tiene el Presidente en temas tan sensibles e importantes para la ciudadanía, no podemos permitir que se repita”. En esa línea, señaló que: “Una Nueva Constitución, debe regular el adecuado balance de atribuciones entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, que se respeten decisiones soberanamente adoptadas por el Parlamento”.
Los resabios autoritarios, a juicio de Bell, también están presente en la facultad Presidencial de declarar tal o cual ley de “inconstitucional”, explicando que la Constitución establece materias que son de iniciativa exclusiva del Presidente, es decir, solo él puede proponer proyectos de ley en temas tales como Salario Mínimo, reajuste de remuneraciones del sector público, Seguridad Social y Negociación Colectiva. De esta forma, si los parlamentarios(as) inician un proyecto de ley sobre esos ámbitos, este podría ser declarado inconstitucional, por lo tanto, se desecha pese a que pueda ser una demanda muy sentida por la población.
“La Constitución le da la atribución de que en ciertas materias no se puede legislar si no son iniciativas que vengan desde la Presidencia (…) Un ejemplo: el pos natal de emergencia (…) El Gobierno se oponía y decía que, si esa ley era aprobada, la declaraba inmediatamente inconstitucional (…) Por ello, hubo que llegar a acuerdos y hubo que obligarlo a que presentara un proyecto de ley. Esto se logró gracias a la presión ciudadana (…) pero eso pasó ahora con la pandemia. Hemos conocido muchos otros proyectos que porque el Presidente no quiso reconocerlos como derechos, levantó esta atribución autoritaria en contra de la ciudadanía en cuestiones que son fundamentales”.
Otro elemento de esta Carta Magna, señaló Bell, es la centralización administrativa: “entrega demasiado poder a la capital en desmedro de las regiones” y si bien se han hecho reformas en este sentido aún falta mucho camino por recorrer pues no basta que elijan a sus autoridades:
- Mayores recursos económicos
- Facultades para determinar algún tipo de políticas públicas
- Mayor autonomía
- Recursos y facultades para definir sus proyectos de desarrollo productivo de acuerdo a sus propias riquezas patrimoniales materiales y humanas.
El vicio “nacionalista” está presente en el hecho de no reconocer a los pueblos originarios. En esa perspectiva, Bell plantea que:
- La Nueva Constitución, debe asignarles facultades de autodeterminación
- Definir algunas regulaciones específicas que ellos mismos se dotan
- Que se les reconozcan en lo que son: existían antes de que llegaran los españoles
- El debate Constitucional debe considerar los escaños reservados para los representantes de pueblos originarios
- Incorporar la plurinacionalidad como componente del Estado que queremos.
Su sello ideologizado, explicó Bell, está asentado en el modelo neoliberal tanto en lo económico como en lo social y político, porque:
- Consolida un Estado subsidiario, es decir el Estado sólo puede operar cuando los privados no pueden hacerse cargo frente a determinadas materias
- Ideológicamente neoliberal en cuestiones bien concretas como, por ejemplo, la demostración de la postura antisindical cuando la Derecha presentó ante el Tribunal Constitucional un requerimiento que impugnaba la Reforma Laboral (abril de 2016) en los puntos referidos a la titularidad sindical, extensión de beneficios, negociación interempresas y el derecho a la información para la Negociación Colectiva, ya aprobados por el Congreso. Una de las herencias de la dictadura de Pinochet fue precisamente su “Plan Laboral”, diseñado por el hermano de Piñera –José-mediante el cual atomizó las organizaciones sindicales.
Y por último, Bell consigna que sigue aún presente el rasgo “tramposo”, graficado, por ejemplo, en los quorum que se requiere para aprobar o reformar determinadas leyes:
- Una serie de leyes (como las del ámbito de la Educación, Fuerzas Armadas, Minería, del Banco Central, entre otras) exigen quorum muy altos, cuatro séptimos para ser modificadas. Eso implica que, habiendo mayoría, pero no la suficiente para alcanzar esos quorum, no pueden ser reformadas.
- Para aprobar una ley tiene que pasar por ambas Cámaras (de diputados y senadores) y por el Tribunal Constitucional, un órgano que no goza de legitimidad democrática toda vez que sus miembros son elegidos por los juegos de poder entre la Corte Suprema, el Presidente de la República y el Senado.