“El Gobierno ha borrado con el codo lo que ha firmado con la mano hace unas semanas”. Así de claro denunció el secretario General de la CUT, Nolberto Díaz, la actitud del Ejecutivo que solo en las dos últimas semanas, ha despedido a más de 2 mil funcionarios y funcionarias de la administración central. Esto, pese a que en el marco del Protocolo de Acuerdo de Negociación Colectiva que firmó con la Mesa del Sector Público (MSP), emanó un Oficio Circular (N°21) que garantiza que deben existir razones “debidamente fundadas” para proceder a la renovación o no del personal a contrata.
Sin embargo, los dirigentes han denunciado que estos despidos masivos son arbitrarios, injustificados, al margen de la norma. En lo que va del año, ya son cerca de 5 mil los(as) funcionarios(as) despojados de sus puestos de trabajo. Esto ha motivado movilizaciones de protesta a lo largo de todo el país, con un Paro nacional efectuado este jueves y con marchas y concentraciones, exigiendo “¡No a los despidos!”.
En conferencia de prensa realizada este jueves en la sede de la CUT, la Central junto a los dirigentes de la MSP condenaron y rechazaron esta ola –verdadera razzia– de despidos. Díaz, formuló “un llamado al Gobierno para revisar todas aquellas situaciones de injusticia que se están cometiendo. No es solamente una falta de criterio proceder a despedir a pocas semanas de la Navidad sino que aquí hemos sido testigos del incumplimiento de un Protocolo de Acuerdo: El Gobierno ha borrado con el codo lo que ha firmado con la mano hace unas semanas”, dijo Díaz.
El presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Carlos Insunza, calificó la situación como “muy dramática” pues, solo a modo de ejemplo, citó lo que está pasando en el Ministerio del Interior: “donde ya se había cursado un volumen muy grande de despidos al inicio del año; en las últimas dos semanas se han despedido a 400 trabajadores y trabajadoras a Contrata a nivel nacional, con eso se llega a un 25% de la dotación despedida durante el año. En el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, ocurre lo mismo: Estamos ante un nivel de despidos que lleva a la cifra de casi el 30% dotación de marzo a la fecha en el Ministerio y un 15% en el Servicio Nacional de la Mujer”.
La envergadura de las cifras, hace pensar que no solo: “Estamos ante una operación que busca utilizar al Estado como botín para instalar personal de confianza en los servicios públicos”, dijo Insuzna, sino además: “Busca debilitar la función pública para posteriormente avanzar en privatización, en tercerización, en debilitamiento del Estado que es la línea que el Gobierno ha expresado”.
El dirigente de la ANEF, recordó que el Protocolo de Acuerdo firmado entre los ministerios de Hacienda y del Trabajo con los 15 dirigentes de la MSP (en torno al “Pliego y Propuesta de Reajuste y Mejoramiento de las condiciones laborales de las y los trabajadores del Estado centralizado y descentralizado para el período 2018-2019” que fue enviado como Proyecto de Ley al Congreso y la próxima semana inicia su tramitación) “fue un acuerdo en que evidentemente las materias económicas fueron un punto de muy complejo avance, pero en que todos los integrantes de la Mesa pusieron en el centro la demanda al Gobierno de que la estabilidad laboral , la continuidad de los trabajadores del Estado, estuviera garantizada por medios de instrucciones claras por parte del Gobierno, para terminar con los procesos de razzia de despidos masivos, arbitrarios e injustificados que habían usado desde la instalación del Gobierno de marzo a la fecha”.
De esta forma es que surgió el Oficio Circular N°21. En el documento, explicó Insunza, se establecen básicamente: “Dos causales para la no renovación de contrato. Una tiene que ver con el desempeño de los funcionarios y funcionarias, establecido de acuerdo con la evaluación de desempeño estatutaria, la que está legalmente regulada. Y la segunda, tiene que ver con situaciones institucionales que se refieren específicamente a la no continuidad presupuestaria de programas o a situaciones de otro tipo pero que están graficadas en imposibilidades de los servicios”.
No obstante, denunció: “Cuando estamos ante despidos que afectan al 10%, 15% o 20% de la dotación, sin ningún cambio presupuestario relevante, sin ninguna reestructuración institucional y se trata de trabajadores que llevan 15 años, 20 años, 25 años de servicio y están todos calificados en las listas de Distinción de procesos calificatorios, estamos ante un despido arbitrario, injustificado, y que en muchos casos además tiene componentes de discriminación política”.
Es por ello que fue categórico en asegurar: “Estamos ante un incumplimiento flagrante de los acuerdos alcanzados. Los más de dos mil despidos (en las dos últimas semanas) que ya han cursado en la administración central del Estado no dan cuenta del oficio Circular 21 que fue parte de la negociación y que el ministro de Hacienda remitió al conjunto de los ministros, subsecretarios, jefes de servicio para que el proceso de renovación de Contratas y de renovación de contratos a Honorarios se diera en marcos de objetividad”, exigiendo por tanto “al Gobierno que cumpla la palabra comprometida, que instale los espacios de revisión para que los trabajadores y trabajadoras que han sido despedidos injustamente sean retornados a sus puestos de trabajo”.
Respecto al inicio de la discusión legislativa, Insunza, enfatizó que: “Prácticamente todas las bancadas de la Oposición han anunciado su rechazo al Proyecto de ley en tanto el Gobierno no cumpla el conjunto de compromisos asumidos, particularmente los que se refieren a estabilidad laboral, pero también otros compromisos por ejemplo a las situaciones de Incentivo al Retiro en universidades, en el mundo municipal donde hay compromisos que todavía el Gobierno no ha articulado y los trabajadores siguen esperando que se cumplan porque son, finalmente, los elementos que llevaron a una negociación en que hubo un acuerdo difícil de alcanzar, pero que fue la adhesión, generosidad y la presión de nuestras organizaciones la que logró generar un acuerdo que hoy se está incumpliendo y eso estimamos que es de la máxima gravedad”.
