Por 60 votos en contra de la propuesta del Gobierno y 45 a favor, la Cámara de Diputados(as) rechazó la idea de legislar el proyecto de ley de remuneraciones, beneficios y condiciones laborales de las y los trabajadores del Sector Público (MSP). Ahora, el texto legislativo ingresa al Senado donde el Gobierno insistirá con su oferta. En tanto, las y los trabajadores se han movilizado esta semana para presionar al Parlamento a legislar un proyecto de ley que dignifique la función pública.
Así lo informó la Cámara Baja, a través de un comunicado público, consignando que las y los parlamentarios que votaron en contra del proyecto, en sus discursos: “…fueron enfáticos al señalar que no respaldarían la propuesta del Ejecutivo, que calificaron como mezquina. Insistieron en que los costos de la crisis derivada de la pandemia de coronavirus “no los pueden pagar los trabajadores”. En esa misma línea, sostuvieron que la propuesta de reajuste es insuficiente porque no cautela ni protege el poder adquisitivo de los trabajadores y se criticó el enfoque global presentado en la propuesta del Gobierno”.
El proyecto de ley fue ingresado por el Gobierno al Congreso con el unánime desacuerdo de las y los dirigentes de los 16 gremios que componen la Mesa del Sector Público (MSP), coordinada por la CUT. En conferencia de prensa virtual (realizada el pasado martes), la presidenta de la Central, Bárbara Figueroa, calificó de “displicente” la actitud del titular de Hacienda, Ignacio Briones, en las reuniones de negociaciones donde estaban debatiendo materias claves para evitar un retroceso en cuanto a beneficios y condiciones laborales; oportunidades en las que Briones les solicitó que se apretaran el cinturón, pues lo que les planteó para sellar un acuerdo fue: “…una nivelación hacia abajo en las condiciones de los trabajadores y trabajadoras. Y eso, evidentemente, no tiene ninguna capacidad de ser ni aceptado ni mucho menos legitimado por parte de los presidentes y presidentas de los gremios”, explicó Figueroa.
La propuesta de Briones establece un reajuste de 2,7% para aquellos(as) que perciben sueldos brutos iguales o inferiores a un millón 500 mil pesos, y de 0,8% para quienes superen esa línea de corte.
Frente al rechazo de los diputados(as), al Gobierno solo le resta insistir ahora en el Senado. Y para lograr que continúe la tramitación de su propuesta, deberá contar con el voto de los dos tercios de los senadores. Y de ser así, el texto: «volverá a la de su origen y sólo se considerará desechado si esta Cámara lo rechaza con el voto de los dos tercios de sus miembros presentes”.
Los trabajadores y trabajadoras del sector se han movilizado durante esta semana, con masivas concentraciones en el frontis del edificio del Congreso Nacional (Región de Valparaíso) para presionar a las y los parlamentarios que aprueben un proyecto de ley digno, que reconozca la función pública y el papel que han jugado, en especial los del ámbito de la salud pública, en este período de pandemia.
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