Por Comunicaciones Fundación FIEL

En el marco del Día Mundial del Agua a celebrarse este 22 de marzo, realizamos un llamado de atención sobre la importancia de proteger este recurso natural y a fomentar la gestión sostenible para el desarrollo del país y sus personas.

Con el objetivo de permitir un acceso universal al agua potable y segura, además de apostar  por el desarrollo sostenible de los recursos hídricos, reduciendo las aguas residuales no tratadas para disminuir la mortalidad y las pérdidas económicas, la Organización de Naciones Unidas (ONU), luego de su Conferencia del año 1992, estableció como Día Mundial del Agua el 22 de marzo.

Desde entonces, cada año se visibilizan las problemáticas sobre el agua, apostando por generar una oportunidad educativa sobre la materia, estableciendo durante el año 2010,  que “el derecho al agua potable y saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos”. A pesar de ello, una gran parte de la población mundial no goza de este derecho, ya sea en suficiencia, calidad, regularidad, accesibilidad o asequibilidad.

Durante este periodo, y formando parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU, la problemática de agua se instaura con el fin de garantizar la disponibilidad  de ella, pues su calidad tiene el poder de transformar la vida de los individuos.

Roberto Morales, Director Ejecutivo de la Fundación Instituto de Estudios Laborales (FIEL), comenta  que “los Estados tienen la responsabilidad imperante de asegurar una plena vigencia del derecho al agua, aplicando marcos reguladores eficaces para las diversas comunidades locales”, agregando que “se debe velar por su acceso y disponibilidad suficiente, y también apostar por la preservación del medio ambiente, en general, pues son derechos básicos, elementales y de obligación internacional”.

Por su parte, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), alrededor de 750 millones de personas hoy trabajan en sectores relacionados con el agua, de ellas, cientos aun no cuentan con suministros de agua potable en sus espacios de desarrollo. Además, según la Organización Mundial de la Salud, cerca de 2100 millones de personas viven sin agua potable en sus hogares, una de cada cuatro escuelas primarias carece de este abastecimiento, siendo el 80% de la población, quienes deben utilizar fuentes de agua no seguras.

No bastando, existe un 17% de muertes debido a enfermedades transmisibles relacionadas con el agua potable, los escasos servicios sanitarios, las malas condiciones de higiene y la falta de conocimientos al respecto.

“La dignidad en el trabajo debe ser materia de constante preocupación. Se debe velar por el derecho a un trabajo digno”, señala Morales.

Un caso, Chile

Durante los años 80, la privatización de las aguas chilenas permitió el sobreotorgamiento de los derechos sobre el recurso, configurando un monopolio extranjero a través de empresas como Endesa y Colbún. Esto, trae consigo un alza en los precios del suministro, pues la concesión de los servicios sanitarios pertenece al sector privado.

Durante el año 2015, el Ministerio de Agricultura informó que alrededor de 70 comunas -entre ellas Bulnes, Quillón, Tucapel, Hualqui, Curacaví, Melipilla y San Pedro- fueron declaradas en emergencia agrícolas por efectos derivados del déficit hídrico, impidiendo el trabajo y desarrollo de cientos de personas.

 

Un ejemplo de ello es lo que sucede en la provincia de Petorca, que se encuentra viviendo una de las crisis hídricas más importantes del país, afectando a la zona desde un origen político que determina factores naturales.

La escasez cíclica de este recurso en el sector, se vio agravada por la utilización éste, por un grupo de familiar enfocadas en el rubro agrario explotador de la palta, teniendo incidencia directa en la economía nacional y en la calidad de vida de las personas, pues al modificar de manera permanente el mapa socio ambiental de la provincia, a través de la sequía de ríos, esteros, vertientes y napas, cientos de familias se ven obligadas a limitar sus actividades y a depender del agua distribuida por camiones aljibe.