Tamara Muñoz Valenzuela, Vicepresidenta de Relaciones Internacionales CUT.
*Intervención ante la 144º sesión plenaria del Trade Union Advisory Committee TUAC (Comité consultivo sindical) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE.
Primero que todo agradecer el espacio que nos brinda TUAC para compartir reflexiones sobre los estragos que está generando esta pandemia mundial y los cambios que se están desarrollando en el mundo del trabajo.
Mientras en Europa, Asia y Oceanía empiezan a asomar las primeras señales de control de la pandemia, América se ha convertido en el nuevo epicentro mundial de coronavirus en el mundo. Estados Unidos con más de 97.000 muertos, en Brasil más de 23.000 muertos, en México mas de 7.500 muertos, y varios países con serios problemas sanitarios y alimenticios producto de esta Pandemia. El COVID-19 llegó a América Latina y el Caribe en un momento de debilidad de su economía y de vulnerabilidad macroeconómica. En el decenio posterior a la crisis financiera mundial (2010-2019), la tasa de crecimiento del PIB regional disminuyó del 6% al 0,2%; más aún, el período 2014-2019 fue el de menor crecimiento desde la década de 1950 (0,4%). En este contexto, la dinámica de la pandemia del coronavirus, que trae consigo una combinación de choques externos e internos, será la causa de la mayor crisis económica y social de la región en décadas, con efectos muy negativos en el empleo, la lucha contra la pobreza y la reducción de la desigualdad.
Según estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), se prevé que la actividad económica de la región se contraiga el 5,3% en 2020. En la medida en que la dinámica de la pandemia se prolongue y las medidas de distanciamiento físico sigan siendo necesarias, cabe esperar que la contracción sea mayor a la proyectada. La fuerte caída del producto interno bruto tendrá efectos negativos en el mercado de trabajo y para 2020 la CEPAL proyecta un aumento de la tasa de desocupación de al menos 3,4 puntos porcentuales, hasta alcanzar una tasa del 11,5%, lo que equivale a más de 11,5 millones de nuevos desempleados. De profundizarse la contracción económica, la tasa de desocupación será mayor.
Junto al aumento de la desocupación, se espera un marcado deterioro de la calidad del empleo. El trabajo informal es la fuente de ingresos de muchos hogares de América Latina y el Caribe, donde la tasa media de informalidad es de aproximadamente un 54%, según estimaciones de la OIT. Colombia y Chile, miembros de OCDE, tienen tasas de informalidad del 60% y del 30% respectivamente haciendo que muchos de estos trabajadores no tengan acceso a servicios de salud de calidad y, dadas las características de su trabajo, están más expuestos al contagio.
Asimismo, sus ingresos son generalmente bajos, por lo que cuentan con una capacidad de ahorro limitada para hacer frente a períodos prolongados de inactividad. Esta situación afectará negativamente la dinámica de la pobreza y la desigualdad y el logro de los compromisos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La CEPAL estima que para 2020 la tasa de pobreza aumentaría hasta 4,4 puntos porcentuales y la pobreza extrema 2,6 puntos porcentuales con respecto a 2019. Esto implica que la pobreza alcanzaría entonces al 34,7% de la población latinoamericana (214,7 millones de personas) y la pobreza extrema al 13% (83,4 millones de personas). También se espera un aumento de la desigualdad en todos los países de la región, con incrementos del índice de Gini de entre el 0,5% y el 6,0%.
Como se puede observar, el panorama es desolador en nuestro continente, y aún no contamos con los datos suficientes para poder saber efectivamente la profundidad de la crisis sanitaria y económica que vivirán nuestros países. Lo que sí sabemos, es como esta crisis sanitaria ha sido ocupada en nuestros países para avanzar y profundizar las agendas neoliberales de algunos gobiernos de la región donde se han priorizado la economía por sobre la vida y salud de las personas. Esta crisis sanitaria ha venido a desnudar la injusta distribución de la riqueza que existen en nuestros países y por sobre todo a demostrar el fracaso de este sistema neoliberal, el fracaso de las políticas de reducción del estado y el de la mercantilización de la salud. Los gobiernos de EEUU, Brasil, Colombia, Ecuador, Chile y otros más; han respondido a esta pandemia con medidas neoliberales que solo han traído mayores contagios, muertos y más hambre y miseria a nuestros pueblos.
Como CUT Chile, queremos denunciar que, en los últimos meses, el Gobierno de Chile en representación de la derecha económica, ha implementado una política coordinada para sacar provecho de la crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19 y ha profundizado su agenda neoliberal. La prioridad ha sido convertir la crisis sanitaria en una etapa de proceso de acumulación de riqueza, en la cual la economía, y los millones de los súper ricos, están por encima, y sin contrapeso alguno, del derecho constitucional a la vida y salud de las personas.
Sólo de esta manera se puede explicar que la crisis médica sea utilizada por las Isapres, y las empresas de la salud privada, para aumentar el costo de sus planes y subir los precios de las prestaciones; por las AFPs para vía subterfugios del “mercado” y las leyes divinas que lo rigen, hacer desaparecer miles de millones de dólares de los ahorros de las y los trabajadores chilenos. Y de paso que sean estos mismos trabajadores quienes paguen el costo de la suspensión de la relación laboral, con sus ahorros del seguro de cesantía en virtud de la mentada ley de “protección al empleo”, bajando a cero el costo del trabajo para el empresario ya que los únicos costos que mantiene, cotizaciones previsionales y de salud, los puede pagar en cómodas cuotas y a largo plazo, mientras estos reparten sus millonarias utilidades sin pudor alguno, ,y, además, ya se estén desarrollando políticas de salvataje a las empresas, como en la crisis de los 80s.
Actualmente se ha elevado el nivel de cesantía, una gran cantidad de trabajadores se encuentra con sus contratos laborales suspendidos y un gran número de trabajadores independientes, por cuenta propia, trabajadores de plataformas, etc., que no pueden salir de sus casas a trabajar, y que no han tenido respuestas ni política de Estado que les permita cubrir las necesidades básicas como es la alimentación o la vivienda. Es por esto que han resurgido las ollas comunes, como una forma de responder a la crisis social que estamos viviendo y en donde ha sido el pueblo, las organizaciones sociales quienes han coordinado estas acciones.
Hoy en Chile el sistema de salud está colapsado y los médicos deben elegir quien vive y quien muere. Estamos viviendo un largo estado de excepción con garantías constitucionales limitadas y con el uso de la fuerza pública en la represión. Es esta represión que se emplea cuando nuestro pueblo sale a denunciar el hambre que se está viviendo en nuestras poblaciones.
Con un Gobierno amoral y su agenda de traspasar los costos de esta crisis a los hombros de las y los trabajadores, es muy necesario que los organismos internacionales de los cuales Chile es parte como OCDE, emitan un pronunciamiento respecto de la manera como el Gobierno de Chile está enfrentando esta pandemia. Hoy, en medio del alza sostenida de contagios en el país, hemos sido informado que la tasa de cesantía ya rebasó la barrera de los dos dígitos, y hoy en nuestro país hay mas de 1 millón de trabajadores cesantes. Lo anterior, es la muestra más clara de la falta de medidas efectivas del Gobierno, que ha puesto sus intereses en salvar a las grandes empresas, más que asegurar el trabajo y los ingresos de las y los trabajadores.
