Ante el anuncio del inicio del año escolar presencial obligatorio a partir del 2 de marzo, el Consejo Nacional de Organizaciones de Asistentes de la Educación de Chile, ConAEch, formuló un llamado: «… a las autoridades a enfrentar el proceso de retorno a clases presenciales considerando la evidencia científica disponible y observando el principio ético precautorio y por cierto con la participación de todos los actores de la educación inicial y escolar, quienes son los que viven y saben perfectamente la particularidad de cada comunidad educativa».
A través de una declaración pública, el ConAEch, si bien argumentó la importancia de volver a clases presencialmente, lo cierto es que este proceso: «Debe garantizar la seguridad y protección de niñas, niños y adolescentes, instruyendo a los sostenedores la implementación del protocolo “Escuelas Seguras en Tiempos de COVID 19», el cual contempla siete medidas mínimas imprescindibles, instando: «…a las madres, padres y apoderados de las niñas, niños y adolescentes, para que ejerzan su derecho a conocer estas 7 capas de prevención primaria y exigir su implementación».
Asimismo, exigió al Ministerio de Educación: «…recalcular los aforos, no solo en base a un distanciamiento mínimo sino también a una ventilación suficiente (CO2<700 ppm) para cada sala y debe desistir de la presencialidad obligatoria completa en aquellas salas cunas o aulas donde exista sobre el 80% de vacunación, así como desistir del mandato de implementar la jornada escolar completa con el fin de dar cumplimiento a los aforos».
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