Como una «irresponsabilidad criminal» calificó la Secretaría de Educación de la CUT, el anuncio del Ministerio de Educación que decretó el inicio del año escolar presencial y obligatorio a partir del próximo 2 de marzo, sin que la distancia social sea un requisito. La preocupación de la multisindical se centra en que hay dudas respecto que el gobierno de Sebastián Piñera, efectivamente: «…haya creado las condiciones en los establecimientos para recibir con seguridad sanitaria a niños niñas y jóvenes, trabajadores y trabajadoras de la Educación, tampoco sabemos qué porcentaje de estudiantes ha sido vacunados en cada establecimiento y cuándo se conseguirá tenerlos a todos y todas vacunados. Sin embargo, el actual Gobierno llama a la presencialidad total sin aforos[…]. La evidencia es que, al momento de terminar el año lectivo (2021), las condiciones no estaban. Y hoy, tenemos porcentajes de contagios mucho más elevados que en aquel momento. El actual Gobierno tuvo dos meses para tomar medidas, no sabemos si lo hizo».
A través de una declaración pública, la Secretaría de Educación de la CUT, formuló un llamado: «…a los trabajadores y trabajadoras a que, en la semana previa al ingreso de alumnos y alumnas a los establecimientos, fiscalicen si se cumplen condiciones sanitarias e informen a su organización nacional y así, tener una evaluación de toda la Secretaria de Educación de la CUT, para establecer, con dicha evidencia, una orientación nacional, informando a todas las familias si están o no la condiciones para el retorno presencial total y sin aforo a clases».
La preocupación de la Secretaría, liderada por la consejera nacional Yobana Salinas, tiene su punto crítico en la falta de certezas no solo en cuanto a la implementación de protocolos sanitarios que resguarden la salud de la comunidad educativa en cada uno de los establecimientos, también en la falta de información del número de niños y niñas vacunadas. Lo único claro, agregó Salinas, es que el gobierno saliente de Piñera: «…una vez más, con el autoritarismo y arbitrariedad que lo han caracterizado, pretende imponer, sin ninguna participación de trabajadores y trabajadoras ni de las comunidades educacionales, el regreso presencial a clases».
Es por ello que: «Hacemos un llamado a que el próximo Gobierno haga una evaluación seria y participativa de todos y todas, respecto de crear condiciones seguras para el retorno a las aulas y jardines que todos y todas queremos», sostuvo.
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