“Se debe actuar con fuerza y firmeza, de la mano de la ciencia y con la conciencia que se juega la vida de miles de chilenos […] Insistimos en un cambio de estrategia sanitaria, con una mirada integral de enfrentamiento de la pandemia”. Así lo señalaron en una documento conjunto, los presidentes de 15 conglomerados de oposición, 17 gremios de la Salud, 7 organizaciones sociales y de usuarios de la Salud y la Secretaría de Salud de la CUT.
“La red asistencial se encuentra en un estado de catástrofe”, responsabilizando al Gobierno: “…dado su actuar errático y contradictorio”. Ese es el lapidario diagnóstico de 40 organizaciones (partidos y movimientos políticos, gremios de trabajadores(as) de la salud, organizaciones sociales y de usuarios de la salud y la Secretaría de Salud de la CUT) firmantes de un documento público, a través del cual plantearon 41 medidas para abordar de manera integral la crisis sanitaria.
Entre las propuestas se consigna una Renta Básica Universal de Emergencia, postergación efectiva de deudas sin interés y evitar el cobro de servicios básicos en el período de crisis sanitarla e impuesto a los súper ricos. En términos del manejo: “se requiere un giro cualitativo en la gobernanza, que permite convocar a la ciudadanía, organizaciones sociales, académicas, mundo empresarial, y otras, para conformar una respuesta nacional a la pandemia”.
Sobre estrategias sanitarias, propiamente tal, demandan incremento de recursos, en el breve plazo, para aumentar la dotación de los equipos de Atención Primaria de Salud (APS): “…en un 50%, de manera de incidir en el desgaste de los equipos de salud y ser eficientes y efectivos en la estrategia de las acciones de testeo, trazabilidad y aislamiento […] Ampliar capacidad de la APS para la entrega de licencias médicas considerando la indicación clínica y habilitar códigos para las secuelas del COVID para permitir una rehabilitación adecuada en el domicilio”.
En materia de protección de las y los trabajadores se proponen: “Protocolos de Prevención en cada empresa que sean supervisadas por auditores internos y fiscalizadas por personal de las Mutualidades y el Gobierno; certificación COVID debe ser una exigencia para mantener abierta las operaciones; transporte privado para trabajadores/as pagado por empresas esenciales que siguen en funcionamiento en momentos de cuarentena; resguardo de derechos laborales de personal contratado a honorarios y garantizar estabilidad laboral y pago de remuneraciones adeudadas”.
Las organizaciones firmantes, atendiendo a la grave situación sanitaria, social y económica, terminan su declaración exigiendo: “…al Gobierno acción inmediata y decidida acorde a lo planteado, involucrando en forma resolutiva a los actores científicos y sociales pertinentes en la toma de decisiones”.
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