Columna de Amalia Pereira, Vicepresidenta Nacional de la CUT Chile.
Cuando comenzamos a entender que la dignidad era ese clamor popular que comenzó a escucharse con más fuerza en las calles a partir del 18 de octubre de 2019, y que la hemos venido exigiendo a lo largo de muchos años, encarnada en la demanda de sueldos justos, condiciones laborales decentes, equidad entre hombres y mujeres, derechos maternales y parentales, negociación colectiva efectiva, fortalecimiento de los sindicatos, peleas que por cierto, damos como dirigentes cotidianamente, es cuando nos damos cuenta de que no es casualidad que “Dignidad” sea también renombrada la plaza Baquedano. Al contrario es la causalidad de la lucha, provocada por la rebelión, en contra de las injusticias sufridas en nuestro país, en los últimos 40 años.
En este sentido, y a 5 meses de que Chile despertara, teniendo en la cabeza, y en nuestras espaldas al peor Gobierno de la historia liderado por Sebastián Piñera, nos enfrentamos a una problemática sanitaria que no discrimina situación socioeconómica y que ha llegado para quedarse por un buen rato.
En este escenario las nefastas medidas tomadas para prevenir el contagio, la falta de datos, tal como lo ha denunciado en más de una oportunidad el Colegio Médico, y la segregación, decretando cuarentena en ciertas comunas de la Región Metropolitana cómo si las y los habitantes de las comunas más modestas y pobres no fueran a contagiarse, siendo estos sectores el entorno donde vive la clase trabajadora, nos sorprende el gran anuncio del Gobierno de los “tiempos peores”, que a través de la Dirección de Trabajo, y por medio del dictamen n° 1283/06 del 26 de marzo de 2020, da una bofetada en la cara a las y los trabajadores.
Que rara interpretación, cómo es posible que un servicio que nace con un principio fundamental, cómo lo es el principio operario, actúa en defensa de los derechos de los que representan al sector más poderoso en la relación laboral. Argumento meramente económico para defender sus privilegios, manifestando hipotéticamente de que quién no trabaja, no recibirá aporte alguno, es decir se le atribuye al trabajador la calidad de socio, por lo tanto debe hacerse cargo de las pérdidas. El mismo dictamen entonces, debería regular el cómo se reparten las millonarias utilidades que acumulan en tiempos normales, entre los trabajadores los supuestos socios.
Dignidad como ciudadanos y ciudadanas que somos, es lo que merecemos, es lo que exigimos, esta es la última oportunidad que tendrán nuestros representantes para defender a la clase trabajadora, a la clase obrera, no nos pueden abandonar ahora, ya que en definitiva lo que nos ha dicho el Gobierno, marioneta del empresariado, es que usted o se muere de coronavirus o se muere de hambre.
Las y los dirigentes sindicales no vamos a claudicar en esta lucha, el tener una relación laboral y recibir remuneración es un Derecho Humano, reconocido por la Organización Internacional del Trabajo. Hemos enriquecido por años a los empresarios, ahora es momento que nos devuelvan un poco de nuestros esfuerzos, ya que, en conclusión, las y los trabajadores ¡somos la fuerza que mueve a Chile!.