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Mañoso uso de permisos colectivos por parte de las empresas llega a la Cámara de Diputados

“Tenemos empresas donde tienen despidos por el (artículo) 161, aplican ley de suspensión de contratos y más encima se postulan como servicios esenciales. Francamente, el problema no es solo de aquel que está haciendo uso abusivo. El problema es que la norma, es una norma extremadamente laxa que le ha permitido a las empresas llegar a esta política de abusos”.

Bárbara Figueroa, Presidenta CUT Chile

Así lo señaló la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa en su intervención ante la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados durante la sesión celebrada este lunes, destinada al análisis de las denuncias sobre mal uso y aplicación de los permisos colectivos que autorizan el desplazamiento de los trabajadores de empresas en zonas en cuarentena y toque de queda. Entre las denuncias, están los cambios de “razón social” de las empresas para acomodarse a la ley y permitir que sus trabajadores continúen con sus labores presenciales rompiendo así el confinamiento total.

En la sesión –virtual- expuso también el secretario General de la Central, Nolberto Díaz; la ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar y el comisario de la Comisaria Virtual de Carabineros de Chile, Juan Velásquez.

Recordemos que este tipo de permisos se concede a las empresas que prestan servicios esenciales a la población y, supuestamente, bajo su nueva fórmula de “Permiso Único Colectivo”, se restringe mucho más su uso debido a que la movilidad en las zonas de cuarentena se mantiene en niveles muy alto (ha disminuido en tan solo 39, 7%) perdiendo así, efectividad el confinamiento como estrategia para aplanar la curva de contagios COVID-19. El tema está en la palestra luego de conocerse no solo las denuncias de empresas que han cambiado su “razón social” para aparecer como empresa de ´servicios esenciales´ sino, además, por el gran número de trabajos que califican como tal de acuerdo al último instructivo del Gobierno; esta amplia cobertura de los permisos colectivos incide también en el alto nivel de movilidad en zonas de confinamiento.

María José Zaldívar, ministra del Trabajo y Previsión Social

Zaldívar reconoció vulneraciones a la ley, subrayando: “…uno de los problemas que hay es que cuando se constituye una empresa puede poner más de un giro. Por lo tanto, todos esos giros están dentro del inicio de actividades y eventualmente alguno de ellos podría ajustarse (…) Distinto es lo que ha ocurrido con los cambios de giros y ahí, hemos detectado algunas empresas en que efectivamente han tenido un cambio de giro y esos son los que principalmente se están fiscalizando”. Explicó que están realizando cruce de datos entre los permisos solicitados en la comisaría virtual con los datos del Servicio de Impuestos Internos: “…para poder chequear cuáles de estas empresas han hecho ampliación de giro durante este último tiempo, teniendo presente que algunas de ellas puede ser que, muy legítimamente, lo estén haciendo porque quieran reinventarse y quieren seguir buscando un mecanismo para poder mantener la fuente laboral de sus trabajadores, pero claramente esto no es la razón de todas. Por lo tanto, cuando haya una razón que sea mañosa, que sea torcer la norma, justamente, poder hacer la fiscalización que corresponde”.

Figueroa fue enfática ante los participantes de la sesión, en consignar: “No hay ninguna política de confinamiento efectiva que pueda ser tal, si voy a tener una fuerza laboral de 3 o 4 millones de trabajadores con posibilidades de estarse trasladando y donde además la exigencia de los turnos de emergencia no ha sido taxativa (…) ¿Dónde va a estar la prioridad?: ¿la prioridad va a estar en que siga funcionando la economía? o ¿la prioridad va a estar en proteger y garantizar que efectivamente las medidas de confinamiento, a las que nos invita la propia autoridad, efectivamente,  se cumplan?”.

En esa línea, explicó que: “El problema de origen es, cómo no solo definimos lo que es un ´servicio esencial´ sino para qué lo queremos: si lo queremos, efectivamente, para que no haya un uso abusivo y se pueda generar efectivas políticas de confinamiento entonces, lo que necesitamos es hacer una revisión, establecer un criterio respecto de funciones y no respecto de funcionamiento de empresas. Y, a partir de eso, generar nuevas políticas de fiscalización e inclusos nuevos decretos que permitan apelar a cuáles actividades son esenciales o no”.

Y adelantándose a los posibles argumentos pro empresariales que defiendan esta política sin restricciones más exigentes a los permisos colectivos, Figueroa dijo: Este debate tiene que ser integral, porque nosotros no podemos permitir estar, permanentemente, enfrentados al chantaje de empresas que nos digan que: ´si no nos dejan funcionar entonces voy a tener que echar a los trabajadores; si ustedes no me dejan funcionar entonces voy a tener que apelar a la Ley de suspensión de contratos´, porque tenemos empresas donde tienen despidos por el 161, aplican ley de suspensión de contratos y más encima se postulan como servicios esenciales. Francamente, no es solo de aquel que está haciendo uso abusivo, el problema es que la norma, es una norma extremadamente laxa que le ha permitido a las empresas llegar a esta política de abusos”.

En la oportunidad también recordó que todos estos temas ya los había advertido la CUT al igual que la Central ha hecho propuestas integrales para abordar la crisis sanitaria. Tal es el caso del Plan Nacional de Emergencia (PNE) presentado el pasado 17 de marzo y el segundo PNE reforzado, entregado al Consejo Superior Laboral el pasado 1° de junio. Asimismo, recordó la solicitud de conformar una Mesa de Monitoreo de Abusos Laborales Tripartita. Propuestas que aún no han sido acogidas por el Gobierno. Es por ello que insistió en la necesidad de establecer el diálogo social tripartito entre Gobierno, empresarios y trabajadores.

Nolberto Díaz, secretario general CUT Chile

En tanto Díaz, advirtió que: “…lo que está en juego es la confianza. Aquí, lo que se ha roto en muchas materias, es la confianza”, enumerando algunas empresas que han “burlado” la normativa de restricciones de desplazamiento de trabajadores en zonas de cuarentena: Club de Golf La Dehesa, Fashion´s Park, Enel, Acciona, Colloky, Opaline, Sporting Club de Valparaíso, WOM y Maestranza Reinke: “La mayoría, casos en donde las empresas de distinta manera, burlaron la ley (…) empresas que han hecho trabajar a los trabajadores sin ninguna razón que lo justifique (…) Aquí ha habido un aprovechamiento de algunas empresas que, claramente, han tenido en la cabeza seguir manteniéndose económicamente, tratando de sacar su negocio, que puede ser legítimo en un principio, pero no a riesgo de haber hecho trabajar a gente que perfectamente pudo haberse mantenido en sus casas”.

Revive acá la transmisión de la sesión de la Comisión de Trabajo: