El dueño de Cencosud, Horst Paulmann confirmaba a la prensa el pasado 17 de abril, que se acogió a la Ley de Protección del Empleo (suspensión de contratos dejando los salarios con cargo al fondo del seguro de cesantía del propio trabajador) porque así evitaba el riesgo de que la empresa quebrara: “Nosotros tuvimos que llegar a esto porque, solamente en Chile, tenemos 15 mil personas que no trabajan y es imposible soportar esto (…) sería un desastre si desaparecen las grandes empresas”, dijo a los medios de prensa.
Sin embargo, a los 13 días después –el 30 de abril- informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) el reparto de utilidades entre los accionistas de Cencosud Shopping S.A. -que asciende a un total de $93.820.709.290 correspondiente al 80,2% de las utilidades líquidas distribuibles del ejercicio 2019- (Lee acá la notificación de Cencosud Shopping S.A. a la CMF del reparto de los $93.820.709.290); además, consigna que el presupuesto de gastos de funcionamiento del Comité de Directores de la sociedad, será de 2500 UF anuales, unos $71.755.475) y de Cencosud S.A. -por un monto total de $91.360.142.304 lo que representa el 80,1% de las utilidades líquidas distribuibles en el ejercicio 2019- (Lee acá notificación de Cencosud S.A. a la CMF del reparto de utilidades de $91.360.142.304); además también informa del presupuesto de 2500 UF anuales para el funcionamiento de su Comité del Directores). Entre ambos repartos de utilidades de sus accionistas, la suma asciende al estratosférico monto total de: $185.180.851.594. Estas multimillonarias ganancias dejan, obviamente, en duda el riesgo que corrían sus empresas que, según dijo Paulmann, lo obligó a suspender los contratos de trabajadores y trabajadoras de sus filiales Paris, Johnson y Eurofashion.
Latam Airlines Group tomó parecido derrotero, reduciendo en un 50% los salarios de sus trabajadores por tres meses (hasta junio) No obstante, el 30 de abril informó a la CMF la distribución entre sus accionistas del 30% de las utilidades líquidas del ejercicio 2019, esto es, la suma equivalente a un total de US$57.129.119. (Lee acá notificación de Latam a la CMF del reparto de US$57.129.119)
“Cuando se discutió esta ley, señalamos que esta era una materia crítica, que aquí íbamos a ver empresas que iban a abusar de la norma y que por la vía de la legalización de los abusos al tener que ser los trabajadores los que se subsidien el salario, finalmente con eso iban a abaratar costo”, dijo la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa al recordar el debate exprés que se dio en el Parlamento que aprobó la paradojal ley de Protección del Empleo, a la que ya se han acogido más de 66 mil empresas, de las cuales 151.568 son grandes empresas pero que representan el 29,3% del total de trabajadores y trabajadoras afectados.
Estos hechos han demostrado que esta ley tal cual se aprobó no va por el camino correcto de proteger los empleos y salarios, en el marco del impacto de la crisis sanitaria en el mundo del trabajo. Es por ello que Figueroa enfatizó en que, lo que corresponde ahora, es que el Estado no solo regule e impida estas situaciones, pues: “…no es solo que las empresas no abusen con sus trabajadores, sino que además se pongan con la crisis”, puntualizando que a quienes han usufructuado y que han logrado utilidades y ganancias a costa de lo que producen día a día sus trabajadores: “…efectivamente a ellos hoy día se les cobre un impuesto mayor y que sean los que paguen, principalmente, el costo de esta crisis porque no es justo que tengan que ser los trabajadores con sus salarios los que tengan que hacer el mayor esfuerzo mientras los accionistas se reparten sendas utilidades”.