La Dirección Nacional del Servicio Civil, anunció que apelará el fallo de la Contraloría General de la República que declaró improcedente su Oficio que le permitía implementar el retorno presencial de los funcionarios públicos a sus lugares de trabajo; un Oficio basado en la polémica Circular n° 18 de los ministerios de Hacienda e Interior que ordena el “retorno seguro” al trabajo presencial.
En una declaración pública, la Mesa del Sector Público (MSP) coordinada por la CUT y que agrupa a 16 gremios del sector, manifestó este viernes que valora y defiende: “…la aplicación de este dictamen, rechazando en forma categórica el intento burdo del Gobierno que pretende presionar ante el órgano Contralor una reconsideración que avale sus ilegales, como arbitrarias, decisiones”.
Lee acá declaración pública de la MSP:
La Contraloría General emitió su dictamen a favor del requerimiento presentado por la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa y la presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Ajunji) Silvia Silva –respaldado por la MSP- respecto de pronunciarse sobre la supuesta “legalidad” de la disposición del Gobierno de terminar con el trabajo remoto de los funcionarios/as públicos, obligándolos –con su “Plan Retorno Seguro”- a regresar a sus lugares de trabajo pese a que la curva de contagios del Coronavirus sigue en ascenso en el país y siendo el distanciamiento y aislamiento social, la estrategia más eficaz para frenar su propagación.
La polémica se generó el pasado 17 de abril con el Oficio Circular N° 18 –emitido por los ministerios de Hacienda y de Interior- que establece que la Dirección Nacional del Servicio Civil es el órgano técnico encargado de la “implementación y la verificación del cumplimiento de los planes de retorno graduales”, cuestión que, dicho Servicio Civil, reglamentó con el Oficio N° 429, de 2O2O, en el cual: “Entrega instrucciones para elaborar Planes de Retorno Gradual de las funciones en los ministerios y servicios públicos de la Administración del Estado, y difunde medidas sanitarias que deben ser implementadas por los Jefes Superiores de Servicio producto del brote de COVID 19”.
Sin embargo, la Contraloría tras analizar el caso, señaló en su dictamen, emitido este miércoles que: “En mérito de lo expuesto, es del caso declarar que el Oficio N° 429, de 2O2O, resultó improcedente, ya que no se advierte que la Dirección Nacional del Servicio Civil posea las atribuciones para emitir instrucciones en las temáticas que aborda”.(ver nota aparte)
No obstante, en un comunicado público, el Servicio Civil anunció que: “Solicitará una reconsideración del dictamen referido (…) a objeto de precisar las atribuciones que el legislador entrega a este servicio público y dar cuenta que no contraviene los fundamentos del dictamen de referencia”.