“En este tiempo de pandemia hemos vivido mucha vulneración de derechos. Compañeras despedidas (…) compañeras obligadas a quedarse puertas adentro porque los empleadores le han hecho ultimátum: si se van a sus casas, se van sin sueldo (…) y duermen en los livings de las casas, con una sola frazada, pasando mucho frío (…) el problema es que no tenemos fiscalización”.
Esa es parte de la realidad que están viviendo las trabajadoras de casas particulares, denunciada por Emilia Solís, presidenta del Sindicato Nacional Unitario Interempresa de Trabajadoras y Trabajadores de Casa Particular, Actividades Afines y Conexas, Sinducap, afiliado a la CUT y trabajando con la Vicepresidencia Nacional de la Central. El énfasis de estas denuncias, Solís lo coloca en la fiscalización que no puede ser posible a plenitud ya que: “…el fiscalizador tiene que llegar solamente al portón de la casa y dejarle una nota a la empleadora, entonces las denuncias no valen de nada”.
Ya la dirigente a poco más de un mes de gatillada la propagación del COVID-19, había denunciado esta situación, oportunidad en la que contó por ejemplo lo que estaban pasando las trabajadoras puertas afuera: “A nadie le ha importado que crucemos Santiago en un transporte público donde la infección es una posibilidad cierta (…) nadie se ha preocupado porque nuestros/as empleadores/as nos obligan a cumplir los horarios de trabajo por la mitad del sueldo aun sabiendo que nos quedaremos sin movilización por el toque de queda”.
La fragilidad del sistema laboral de este sector, se agudiza aún más cuando se trata de migrantes que trabajan en casas particulares: “Nuestras compañeras migrantes la están pasando peor que las compañeras chilenas”, señaló Solís, agregando que se hanregistrado muchos despidos, dejándolas así: “más desprotegidas porque si no tienen contrato, no tienen una visa (…) no tienen ni para comer ni para pagar su arriendo”.
En tanto la vicepresidenta Nacional de la CUT, Amalia Pereira junto con señalar que desde su vicepresidencia están apoyando el trabajo del Sinducap, aseguró que hay denuncias de casos en que, perfectamente, se puede hablar de “esclavitud a costa de la pandemia”, destacando la cruda realidad de que son trabajadoras(as) que, además: “…no tienen derecho a ninguno, pero a ninguno de todos los beneficios que ha dado este Gobierno. Este Gobierno ha llegado atrasado, este Gobierno es inoperante, pero donde más se ve la inoperancia es en el rostro de las mujeres”, detallando que en este caso: “…no tienen acceso al Seguro de Cesantía, no tienen acceso al Ingreso Familiar de Emergencia, IFE (…) no tienen fiscalización”.
En esa perspectiva, está claro entonces que el manejo de la crisis sanitaria por parte del Gobierno, ha terminado por desnudar no solo la precariedad de nuestro Código del Trabajo en cuanto a protección de los derechos laborales, clasificando mañosamente a trabajadores de primera y segunda categoría también ha dejado al descubierto, la indefensión de un amplio espectro de trabajadores que quedaron fuera de las medidas híper focalizadas del Gobierno para enfrentar esta pandemia. Ese es el caso precisamente de este sector que, en caso de ser despedidas, han tenido que hacer uso de su Fondo de Indemnización – a todo evento- que se nutre solo con un 4,11% de cotización por parte del empleador, es decir echar mano a su indemnización por años de servicios, considerando además que, en promedio, sus salarios están incluso por debajo del sueldo mínimo. A ello se suma, el hecho de que les rige como causal de despido, padecer una enfermedad contagiosa.
En el Senado, justamente se está debatiendo una indicación para que las trabajadoras de casas particulares: “…puedan pasarse al Seguro de Cesantía como trabajadoras que son (…) lo natural es que ellas pasaran de una vez a los beneficios a través del Seguro Cesantía en tanto que no son trabajadores informales”, señaló el senador Juan Pablo Letelier, en una sesión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, realizada el pasado 20 de julio, puntualizando que: “No todas las trabajadoras tienen el Fondo del 4, 11% (…) según estimaciones, no son más del tercio de las trabajadoras de casas particulares que están en esa parte formalizadas que les pagan”. Esta indicación está dentro del Proyecto de ley que flexibiliza transitoriamente los requisitos de acceso e incrementa el monto de las prestaciones, en el marco de la Ley de Protección del Empleo (Ley N° 21.227) aprobada a propósito de la crisis sanitaria y que permite la suspensión de contratos con cargo al seguro de cesantía de cada trabajador(a).
- Revive acá debate de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado:
En tanto, en la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, se está analizando otro proyecto de ley: “…para excluir la causal de término del contrato de trabajadores de casa particular por enfermedad contagiosa, cuando dicha enfermedad hubiere sido declarada como epidemia o pandemia por la autoridad sanitaria”.
- Lee acá comunicado oficial de la Cámara de Diputados sobre sesión del 13 de julio donde la Comisión de Trabajo aprobó este proyecto de ley:
Consultada Solís sobre estos dos proyectos de ley, manifestó su respaldó y promoción, pues los calificó como: “un gran avance legislativo”, aunando fuerza con la Coordinadora de Trabajadoras de Casa Particular y la CUT. Además, también contó que están haciendo gestiones con el Ministerio del Trabajo en torno a las fiscalizaciones.