La iniciada legislativa, ingresada al Congreso por los senadores Juan Castro (RN), Iván Moreira (UDI), Francisco Chahuán (RN), Rafael Prohens (RN) y Kenneth Pugh (Independiente pro RN), pretende limitar la reelección de dirigentes(as) de las organizaciones sindicales y de las asociaciones de funcionarios de la administración del Estado.
La CUT, a través de una declaración pública, manifestó su absoluto rechazo a esta moción parlamentaria, pues constituye: “…un grave atentado a los derechos fundamentales de la Libertad Sindical, en especial, en el ámbito de la autonomía colectiva para regular sus normas de funcionamiento y definir su propio plan de acción; ámbitos que son fundamentales de cautelar para el cometido y rol de los sindicatos en democracia”.
El intento de restringir la libertad sindical, señaló la Central, violenta no solo la actual Constitución en cuanto a la regulación de los derechos fundamentales también los tratados internacionales que Chile ha ratificado y que se encuentran vigentes como es el caso del Convenio N° 87 de la OIT sobre libertad sindical y protección del Derecho de Sindicación que establece en su artículo 3 que: “Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de organizar su administración y sus actividades y el de formular su programa de acción” y que “las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal”.
Asimismo, calificó como: “…sumamente preocupante que en el actual Proceso Constituyente se proponga una idea como esta, dado que debiera existir un compromiso mínimo de todos los actores políticos en orden a que la Nueva Constitución reconozca, proteja y garantice eficazmente y en su esencialidad , los derechos humanos fundamentales como lo es la Libertad Sindical, sobre todo, porque se discutirá, entre otras materias, el valor del trabajo y el rol de sus legítimos representantes”.
Es por todo lo anterior, concluyó la declaración: “Denunciaremos este grave atentado a los derechos fundamentales ante los organismos nacionales e internacionales que corresponda y hacemos un llamado al Congreso Nacional para que rechace esta iniciativa legislativa y cumpla, a cabalidad, con los compromisos internacionales emanados de los Tratados Internacionales que Chile ha ratificado”.
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