En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, conmemorado el miércoles pasado, la plataforma (SCAC) compuesta por más de 80 organizaciones, entregó una carta al Gobierno de Sebastián Piñera en la que proponen adoptar 15 medidas para combatir el “calentamiento global” con la mirada puesta en la realización de la 25° Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático (COP25) que se celebrará por primera vez en nuestro país entre el 2 y 13 de diciembre próximo.
La COP es una instancia de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en la que representantes de 196 países “discuten y generan compromisos para impulsar políticas activas que protejan el planeta y se fijen criterios” para combatir el cambio climático y cumplimiento del Acuerdo de París. Es la cumbre climática más relevante del planeta.
“Nos estamos reuniendo, y a propósito de la realización de la COP 25, para efectos de generar propuestas, generar consciencia sobre la emergencia climática y organizar una Cumbre Paralela a lo que será esta cumbre oficial. Se está trabajando con bastantes organizaciones, nacionales e internacionales, en varios temas que tienen que ver con el medio ambiente, el modelo de desarrollo productivo que queremos, entre otros”, explicó la vicepresidenta de Relaciones Internacionales de la CUT, Tamara Muñoz. La CUT participa en esta plataforma (SCAC) que reúne a organizaciones del mundo ambiental, movimientos territoriales, colegios profesionales, sindicatos, organizaciones políticas y académicas.
En la carta al Presidente Piñera, la SCAC señala que la celebración de la COP 25 en Chile es una instancia “en la que es un deber mostrar liderazgo y principalmente un buen ejemplo de cómo las cosas pueden hacerse de mejor manera”. En esa línea, se precisa que: “Miramos con preocupación” los anuncios realizados en la Cuenta Pública del 1° de junio del Gobierno, donde: “Salvo una intención de hacer de Chile un país carbono-neutral, no se advierte cómo podríamos llegar a ese escenario a tiempo, sin una necesaria reducción de emisiones al corto plazo. La falta de anuncios contundentes en materia ambiental en dicha instancia, nos parece evidente”.
Ezio Costa, director ejecutivo de ONG FIMA y vocero de SCAC, dijo que: “Nos alegra que la COP25 sea en Chile y que el Gobierno esté organizándola, pero creemos que el real desafío que tiene es mostrar liderazgo en términos climáticos. Esto significa tener objetivos que sean efectivamente ambiciosos y que lleven a una reducción de los gases de efecto invernadero que nos ponga en trayectoria de 1,5° de aumento promedio, al alero del Acuerdo de París. Eso aún no ha sucedido y esperamos que el Gobierno lo pueda implementar”.
Entre las medidas que la SCAC propone están: “La firma del Acuerdo de Escazú en la próxima Asamblea General de la ONU, en septiembre de este año, así como también terminar con todas las Zonas de Sacrificio en las que actualmente millones de chilenos y chilenas ven vulnerado su derecho a la vida y la salud (entre ellas Huasco, Tiltil, Mejillones, Puchuncaví, Tocopilla y Coronel). También se propone avanzar en la eliminación de la producción y consumo de todos los plásticos de un solo uso; enviar al parlamento una Ley de Cambio Climático antes de la próxima COP 25, que incluya un sistema de creación de las NDC que no dependa exclusivamente de la Administración y con una amplia participación ciudadana; generar un “espacio verde” en la COP que realmente funcione de cara a la ciudadanía y no como espacio de lavado de imagen de las empresas que generan grandes impactos ambientales locales y/o globales”
Chile, uno de los países más vulnerables al cambio climático
Según el reporte de Índice Global de Riesgo Climático 2017, Chile cumple con 7 de las 9 condiciones de vulnerabilidad, situándole entre las 10 naciones más afectadas por este fenómeno: 1. Zonas costeras bajas 2. Zonas forestales expuestas al deterioro forestal 3. Zonas propensas a los desastres naturales4. Zonas expuestas a la sequía y la desertificación 5. Zonas de alta contaminación atmosférica urbana 6. Tener zonas de ecosistemas montañosos 7. Ser un país cuya economía dependa en gran medida de los ingresos generados por la producción, el procesamiento y la exportación de combustibles fósiles y productos asociados de energía intensiva, o de su consumo.
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