Según autoridades comunales, hasta un 30% del presupuesto destinado en esta área debe dirigirse a atención de extranjeros en condición irregular.
El Mercurio de Antofagasta
El mayoritario registro de partos correspondientes a mujeres migrantes en la Región de Antofagasta, que lidera a nivel país, evidencia la alta demanda de la población extranjera por prestaciones de salud pública.
Un panorama que en caso de población migrante irregular dificulta especialmente la atención primaria de salud, según comentan autoridades comunales de la región, debido a un desembolso presupuestario que no es considerado, originalmente, a nivel central.
Según datos del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (Deis) del Ministerio de Salud (Minsal) sobre atenciones en el área de maternidad, en 2022 en el país se registró una totalidad de 220.322 partos. Una cifra que en el caso de migrantes se situó en 47.023 (21.34% porcentaje del total). Durante ese mismo año la Región de Antofagasta registra 4.302 partos de mujeres extranjeras, que representan la proporción más alta (53.18%) en este indicador. Luego siguen las regiones de Tarapacá (52.92%) y Arica y Parinacota (47.30%).
Para Deborah Paredes (Ind), alcaldesa de la comuna de Sierra Gorda y también presidenta de la Asociación de Municipalidades del Norte de Chile (Amunochi), la creciente demanda de población migrante irregular tanto en el área salud y educación se ha abordado en forma permanente en la entidad que representa. «Los efectos negativos y adversos han sido la alta tensión que hemos tenido en razón de la alta población migrante que ha llegado a las comunidades que nosotros administramos. Sobre todo en localidades pequeñas, donde contamos con servicios muy acotados, que tenemos que cubrir de manera urgente y obligada. Esto entendiendo que muchos de los migrantes ingresan de manera irregular, lo que significa que no están dentro de la proyección del presupuesto estimado para entregar los servicios que correspondan. Sin embargo, sí o sí deben ser atendidos en nuestros servicios. También lo hemos visto en la problemática del área educacional, en los sobrecupos, donde la misma infraestructura ya no da abasto y eso nos ha generado conflictos con la misma población habitual de nuestras localidades, donde hemos dejado niños nuestros, o en las mismas prestaciones de salud, sin la atención a nuestros propios vecinos por tener que atender a esta población migrante que ha llegado de manera descontrolada».
De acuerdo a los datos del Deis, la comuna de Mejillones registra en la región el mayor porcentaje de partos de migrantes (85,71%) en la región. Luego siguen Antofagasta (62,64%), Tocopilla (40,24%) y Calama (39,92%).
Para la alcaldesa de Tocopilla, Ljubica Kurtovic (Ind), desde el Estado deben establecerse responsabilidades claras para la integración y regularización de la población migrante, como la única forma para que también cuenten con derechos y responsabilidades. «En Tocopilla el municipio no cuenta con salud primaria, pero de todas maneras el aumento de las atenciones es evidente, y no solo en el ámbito de la salud, sino en todo el sistema público en general. Esto desde que Chile se convirtió en el país de destino de peruanos, bolivianos, colombianos. Y este último tiempo, y en un número impresionante de venezolanos especialmente en el norte, es que el impacto social, cultural, incluyendo también de seguridad ha resentido a los servicios públicos y a nuestra gente», opina.
«Considerando que muchos inmigrantes son indocumentados, y el Estado indolente; más allá de lo señalado considero que debe existir accesibilidad a los servicios públicos para los extranjeros. La pobreza y necesidad no tienen nacionalidad», añade Kurtovic.
Para el alcalde de Calama, Eliecer Chamorro (FRVS), la alta demanda migratoria en la atención de salud primaria se enfrenta con las mismas limitaciones de los distintos municipios de la macrozona norte. «Mientras la situación de migración no tenga una política clara y definida, los municipios no vamos a dar abasto a estos problemas humanitarios. Cuando ingresan las familias extranjeras a una zona fronteriza por diversos caminos ilegales, y luego llegan a las ciudades, no tiene por qué negarse la ayuda. Al contrario, deben preverse los servicios básicos de agua, de salud y hasta de educación, que es lo que deben garantizar los alcaldes en esta situación. Aunque esto nos impacta bastante, porque nos genera un aumento de servicios, sobre todo en los temas de salud, donde estamos con las misma planta (de funcionarios) de hace varios años y nadie intensifica los recursos a nivel central para sostener esta situación; y no solo en salud, sino que cuando se proyecta la regularización de los migrantes también genera impacto en los temas de vivienda. Hay que definir situaciones de mayor integridad para sostener también nuestros consultorios», expresa el jefe comunal de Calama.
«Ante esta situación ha aumentado la demanda de servicios. La infraestructura que está prácticamente colapsada desde hace un tiempo, ahora esto se incrementa con las personas migrantes y que tienen que ser atendidas. Si nosotros disponíamos de una cierta cantidad de recursos para un consultorio, por lo menos el 20% a 30% se destina a la atención de población migrante irregular. Por esto se requiere de una política de Estado, que es lo que hemos sostenido los alcaldes del norte a nivel central frente a esta realidad. Por ejemplo, en las escuelas nosotros debemos recibir a los niños y otorgarles educación. Fíjate que la ley educacional no establece que los padres deban estar normalizados con respecto a su situación migratoria. No lo pone como condicionante; pero al tener hijos el Estado tiene el deber de dar educación. ¿Y quien da la educación? Los municipios. Eso nos genera una sobrecarga educacional en los establecimientos. Es una situación bien compleja, que no ocurre solo en salud, sino también en educación», explica Chamorro.