Este domingo, se presentó ante la Contraloría General de la República el escrito solicitando su pronunciamiento sobre la última disposición del Gobierno de Sebastián Piñera de terminar con el trabajo remoto de los funcionarios/as públicos, instándolos a regresar a sus lugares de trabajo pese a que la curva de contagios del Coronavirus sigue en ascenso en el país y siendo el distanciamiento y aislamiento social, la estrategia más eficaz para frenar su propagación.
La Mesa del Sector Público (MSP) compuesta por 15 gremios y coordinada por la CUT, impulsó esta iniciativa para resguardar la salud y seguridad de los funcionarios y funcionarias. El Gobierno, a través de los ministerios del Interior y de Hacienda, ha dado como excusa que los trabajadores del Estado deben estar al pie del cañón, olvidando que este sector se ha organizado en sistemas de turnos presenciales para dar respuestas a las necesidades de la población y el resto lo sigue haciendo a través del trabajo a distancia (teletrabajo) permanente, cumpliendo así, a cabalidad sus funciones.
La presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, dio a conocer esta gestión ante Contraloría en el marco de la conferencia de prensa, realizada la mañana de este domingo en la sede de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) en la cual su presidente José Pérez rechazó esta medida catalogándola de irresponsable y criminal. Junto a ellos estuvieron presente los presidentes de las comisiones de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados y del Senado, Gael Yeomans y Juan Pablo Letelier respectivamente. Conferencia que se hizo vía plataforma ZOOM en la que se conectaron también el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, periodistas y parlamentarios/as de bancadas de Oposición que manifestaron su rechazo a esta medida al igual que al eventual regreso a clases de los estudiantes y profesores y apertura de mall.
Figueroa, en la oportunidad aseguró que la decisión del Gobierno de Sebastián Piñera de reestablecer el pleno funcionamiento presencial de los servicios públicos parte del supuesto de que: “… hoy día no estuvieran, de manera remota cumpliendo, a cabalidad las labores y servicios para los cuales están contratados y para los cuales sirven a la ciudadanía”. En esa línea, agregó que esta señal que está dando el Gobierno respecto de sus trabajadores, solo refuerza y avala las malas prácticas de los empleadores privados quienes: “…hoy día, a toda costa, quieren retomar las funciones y la productividad”, por encima de los riesgos evidentes que corren los trabajadores y trabajadoras de contraer el Coronavirus.
Es por ello que explicó que esta solicitud de dictamen ante la Contraloría, se debe principalmente a que si el Gobierno: “…pretende que los trabajadores estén no solamente cumpliendo turnos, sino que además asumiendo más funciones”, deben, enfatizó: “…existir todas las condiciones y todos los resguardos de seguridad salud e integridad de los trabajadores”, advirtiendo que: “…hoy día, ninguna de estas garantías, están sobre la mesa”.
En tanto, Gabriel Osorio, abogado patrocinante de la solicitud, explicó que el objetivo es que la Contraloría dictamine, tal como lo establece la legislación vigente, que le corresponde al Ministerio de Salud dictar: “…normas especiales reglamentarias que fijen las condiciones sanitarias de higiene y ambientales de los recintos públicos con la existencia de una condición especial, esto es la pandemia del Coronavirus”.
Al respecto, precisó que: “…en tanto no se cumpla esta obligación del Ministerio de Salud, como órgano experto y responsable de la sanidad y salubridad pública, que necesariamente se siga manteniendo el dictamen (…) en el cual se establece fundamentalmente que se debe privilegiar las condiciones del llamado a Teletrabajo de los funcionarios públicos”.
Sobre estos sólidos fundamentos legales, Osorio dijo que se espera que la Contraloría dictamine que: “mientras no se dicten estos reglamentos (…) continúe el teletrabajo”, puntualizando que además se ha solicitado a la Contraloría que: “…reconozca que los funcionarios públicos tienen derecho a obtener la asistencia médica hasta su total recuperación”, en caso de contraer el Coronavirus en el ejercicio de sus funciones, incluyendo los traslados.