El pasado 17 de marzo, la CUT presentó al Gobierno su Plan Nacional de Emergencia (PNE) que propone tres ámbitos de acción: sanitario, económico y de protección del empleo. Y luego el 24 de marzo propuso convocar una Mesa de Monitoreo de Abusos Laborales al alero del Consejo Superior Laboral (CSL) con el objetivo de revertir y prevenir el uso abusivo de las leyes y normas que se están impulsando y que muestra el peor rostro del empresariado con la ola de despidos que se están produciendo en el país, acrecentando así la incertidumbre y el miedo a ya, no solo el riesgo de contagiarse del Coronavirus sino también a perder los puestos de trabajo e ingresos familiares.
Sin embargo, ninguna de estas propuestas, entre otras más, han tenido eco en el Gobierno. Las reuniones con la ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar en las que se le han hecho llegar estas iniciativas, no han dado frutos hasta el día de hoy, desconociendo así incluso las recomendaciones de organismos tales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) respecto de establecer, más que nunca, el diálogo social tripartito (entre Gobierno, trabajadores y empresarios) para enfrentar el impacto de la propagación del Coronavirus en el mundo del trabajo. Y es precisamente el CSL, la plataforma institucional que el Estado de Chile se ha dado para este diálogo social tripartito no obstante nada se ha avanzado por este camino.
Así lo reiteró la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa en el marco de la conferencia de prensa realizada la mañana de este domingo en la sede de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) oportunidad en que los funcionarios/as públicos rechazaron la medida del Gobierno respecto a que retomen el trabajo presencial y denunciaron también la falta de diálogo con los trabajadores y trabajadoras del Estado para abordar las medidas anunciadas. Conferencia que se hizo vía plataforma Zoom a la que se conectaron parlamentarios.
Figueroa, junto con respaldar el llamado de la ANEF a no terminar con el trabajo a distancia, señaló que estas medidas impuestas por el Gobierno: “… lo que hacen es reforzar las malas prácticas de los empleadores privados”, quienes, denunció: “…a toda costa quieren retomar las funciones y la productividad” sin importar con ello la salud y vida humana.
En esa perspectiva, recordó que tanto el PNE de la CUT como la Mesa de Monitoreo de Abusos Laborales: “no han tenido respuesta” por parte de las autoridades, enfatizando que el Gobierno no debe mentir a la ciudadanía pues: “No existe diálogo social, no hemos tenido respuestas”.
Esta clara desidia, para Figueroa tiene claros objetivos: “Es evidente a todas luces que, si el Gobierno no da respuesta a estas materias, pareciera ser que la conclusión lógica es que lo busca es que sean los trabajadores y trabajadoras los que paguen los costos de esta crisis poniendo en riesgo su vida, su integridad como lo están haciendo día a día tanto los trabajadores del sector público, que están participando en los turnos presenciales como también el resto de los trabajadores que está teniendo que asistir a sus obras y faenas. Y por otro lado tener que elegir entre la vida, la salud e integridad o mantener un empleo y poder tener un ingreso para poder sostener a las familias. Esa contradicción a la que nos ha llevado hoy día el Gobierno, evidentemente que exige respuestas contundentes del mundo sindical no solo del mundo público, sino que privado”, haciendo también un llamado al Poder Legislativo a impedir que se sigan implementando disposiciones que van en línea contraria a los intereses de los trabajadores y trabajadoras no solo en materia de salud sino también en temas de resguardo del empleo y salario.
Lee acá el PNE de la CUT
Lee acá las propuestas de la Comisión de Políticas Públicas (CPP) de la Fundación Instituto Estudios Laborales (FIEL) de la CUT