Este martes la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, abrió el debate en torno al Proyecto de Ley sobre el Salario Mínimo, oportunidad en la que expuso la presidenta y el secretario General de la CUT, Bárbara Figueroa y Nolberto Díaz respectivamente junto a los ministros de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social.
El titular de Hacienda, Ignacio Briones explicó las razones de la propuesta del Gobierno que ofrece el polémico reajuste de los actuales $320.500 brutos, elevarlo a la magra suma de $322 mil: “…la propuesta es que el salario mínimo se reajuste solo por IPC, es decir que mantenga el poder adquisitivo medido por IPC o por la inflación en este periodo que vivimos”, dejando en claro que: “…al Gobierno le corresponde fijar, a través de un proyecto de ley, el salario mínimo pero no es el Gobierno -de cualquier color político- quien paga el salario, son los empleadores de todo el sector privado, y de todos los tamaños, de todas las industrias quienes tiene que quedar con la obligatoriedad de respetar y pagar el salario mínimo”.
En tanto, Figueroa, expuso las propuestas que puso la CUT en la mesa de las negociaciones, señalando que no solo se discutió el tema del reajuste también las políticas integrales que se deben abordar para enfrentar la crisis de empleabilidad que vive el país. Entre los puntos principales está la exigencia de prohibir los despidos; garantías que aquellos trabajadores que han sido suspendidos efectivamente que mañana no sean despedidos y puedan retornar a sus funciones a la brevedad; mayor fiscalización de la Dirección del Trabajo (DT) respecto del uso y abuso de los empleadores como por ejemplo que recontratan, pero a honorarios, a aquellos con suspensión de sus contratos.
Sobre las políticas de subsidios a la contratación y de protección del empleo, Figueroa dijo que estas ayudas del Estado deben ser con condiciones, entre esas: empresas que no tengan cotizaciones impagas o que usen estos subsidios para pagar sus deudas; que las empresas no repartan sus utilidades (ejemplo Cencosud cuando quiso postular a la Ley de suspensión de contratos, pero repartió utilidades entre sus accionistas mucho más allá del monto mínimo que establece la ley) A ello se suma la condiciones de que sean empresas sin prácticas antisindicales, desleales o abusivas.
“Cuando el Estado interviene es justo, legítimo y correcto que establezca condiciones para entregar recursos”, precisando que si todas estas propuestas: “…se transforman en proyecto de ley, vamos a estar efectivamente participando en esos procesos”, solicitando por ello la constitución de mesas de trabajo.
En esa perspectiva, continuó con puntualizar la importancia de las mesas tripartitas sectoriales, explicándole a los parlamentarios que la CUT ha establecido 15 Consejos Ramales –conformado por organizaciones sindicales afiliadas o no a la CUT- que representan las particularidades de la realidad de los más diversos ámbitos de la economía. Con estos espacios, dijo, se promueve el diálogo social efectivo, acotando que: “…no hay nada que impida ese espacio sectorial, todo para proteger el empleo sin pérdida de derechos”.
Sobre el reajuste salarial propiamente tal, Figueroa planteó los argumentos de la CUT que sostienen su solicitud de aumentar el sueldo mínimo por encima de la línea de pobreza. La premisa es: “…la capacidad de consumo de los trabajadores o los ingresos de formales e informales es lo que va a permitir que la economía tenga una activación más rápida”.
En ese contexto desmitificó la supuesta ayuda estatal a las PYMES, recordando que el último boletín del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) señaló que: “…han disminuido en un 24% los empleadores en Chile. Si decimos que queremos proteger a la PYME, a la PYME que no protegimos, ya no la protegimos, ya quedó abandonada, no fue sujeto del Fogape, ni de subsidios que no le llegaron”.
Es por eso que concluyó que si los trabajadores(as) tienen capacidad de consumo: “…beneficia más que pone una espada de damocles sobre las PYMES, porque las PYMES – que a duras penas están sobreviviendo – lo van a hacer con mejor espalda, en la medida que tengan al trabajador con mayor capacidad de consumo”.
Respecto de los argumentos de la CUT para solicitar un Salario Mínimo que bordea los $ 500 mil (sobre la línea de la pobreza) Figueroa explicó que no están pensando en el mecanismo que impulsa el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) basado en los datos del Registro Social de Hogares pues este: “…no es del todo realista respecto de la realidad del núcleo familiar”.
De ahí, que los cálculos de la CUT se perfilan sobre la arista que pone de relevancia los datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) y según esta, el Salario mínimo se concentra: “…en los dos primeros deciles, los sectores más vulnerables”, en cuyos hogares viven, explicó: “…a nuestro juicio 5 personas y trabajan 1 o 1,2 personas”, es decir un miembro de la familia debe sostener a 5 personas.
Pero también esta otra arista, que tiene que ver con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con el cual el Gobierno calculó el magro reajuste. A juicio de Figueroa: “…es insuficiente pensar que el piso tiene que ser en torno al IPC porque si bien el IPC y su acumulado nos permite estar entre los rangos que ha planteado el ministro Briones”, lo cierto, agregó, no se está mirando: “… a quiénes quiero atender con el Salario Mínimo”.
Por tanto, añadió: “…Lo que hay que mirar es la Canasta Básica de Alimentos (CBA) que en los dos últimos 12 meses ha tenido un movimiento mucho mayor que el IPC. De hecho, si el IPC acumulado está en 2,4, si no me equivoco, en el caso de la variación de la Canasta estamos hablando de una fluctuación de 7, 5. Ese es un dato mucho más real por eso, no es extraño que se sienta que todo es más caro; los recursos se usan para alimentación”.
Por último, reiteró a la Comisión de diputados que: “…es impresentable que le protejamos las espaldas, una vez más, a los empresarios en este país; a los mismos que han hecho uso y abuso en algunos casos de la Ley de Protección del Empleo; a los mismos que se esconden como PYME y que hoy día tienen paralizado sectores del país, porque hay que decirlo con esa claridad. Hoy tenemos ahí a camioneros que se definen como PYME y todos sabemos que tienen flotas de camiones que las tienen a nombre de su familia y que hoy están chantajeando al Ejecutivo. A esas PYMES, nosotros decimos: NO (…) Lamentablemente no dar señales claras respecto de reajuste del Salario Mínimo, es terminar beneficiando a ese tipo de persona”.
Nolberto Díaz, desdramatizo el hecho de no llegar a acuerdo con el Ministerio de Hacienda: “…no tenemos acuerdo con el Gobierno, pero muchas veces el propio Parlamento no ha tenido acuerdo con el Gobierno, los propios parlamentarios muchas veces no han tenido acuerdo con el Gobierno. No creo que alguien se tenga que espantar porque no tengamos acuerdo. Creo que si en algo tenemos un gran acuerdo es que tenemos que sentarnos a conversar si no en esto en otras materias. Podemos tener muchas diferencias, pero en una situación de crisis y emergencia como la estamos viviendo el país en materia de empleo, nos tenemos que sentar a conversar. Nosotros esperamos un mejor Salario Mínimo”.
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