El Gobierno ingresó –con “discusión Inmediata”- el Proyecto de Ley que modifica distintas leyes con el fin de “cautelar el buen funcionamiento del mercado financiero”, entre esas las que regulan el mercado de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y el de las compañías de Seguro.
De aprobarse, sus detractores advierten que las AFP al ampliar la inversión aumentaría la especulación con los ahorros previsionales de los afiliados, comprando, por ejemplo, acciones de empresas riesgosas que estén cruzando, quizá, por una crisis financiera, de tal manera que los recursos de los cotizantes irían al salvataje de estas compañías, pero con el riesgo latente más alto de mermar los fondos previsionales de los afiliados.
El ingreso del “mensaje” al Congreso, ocurrió el pasado 4 de junio.Y el miércoles 19 de agosto, la CUT, a través de su presidenta, Bárbara Figueroa y del economista encargado del Programa de Políticas Públicas de la Fundación Instituto de Estudios Laborales (FIEL) de la Central, Fernando Carmona, fueron invitados, por primera vez, para plantear la posición de las y los trabajadores en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.
La iniciativa propone aumentar el rango para que las AFP inviertan en activos alternativos. Hoy el máximo es 15%, pero de aprobarse este proyecto de ley subiría a 20%. Además, se proponen modificaciones para que sean más rápidos los procesos de emisión de deuda de las empresas, eliminando trabas en el mercado de capitales.
Figueroa ante la Comisión de Hacienda, señaló la necesidad de participar en este debate previsional pues se trata: “…de fondos que son de los trabajadores y trabajadoras”, calificando de “delicado” que no se consulte la opinión de quienes son los dueños de sus ahorros previsionales –cotizantes- y con cuyos recursos se está especulando
- Revive acá la transmisión de la sesión de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados (intervención de la CUT a partir del minuto 29: 10)
- El riesgo para los ahorros de los cotizantes
Los activos alternativos forman parte de las distintas carteras de inversión de los multifondos. Pueden ser: capital privado extranjero, deuda privada extranjera, acciones de sociedades anónimas nacionales cerradas (incluyendo sociedades concesionarias de obras de infraestructura y las sociedades inmobiliarias), créditos sindicados, mutuos hipotecarios endosables con fines no habitacionales y bienes raíces nacionales no habitacionales sujetos a contratos de arrendamiento con opción de compra (leasing). De acuerdo a un estudio (2017) de la Superintendencia de Pensiones, los activos alternativos más comunes en los que invierten las AFPs son: “Activos Inmobiliarios, Capital Privado, Hedge Funds, Infraestructura, Deuda Privada y Commodities”.
Consultado, precisamente por este tema, Carmona, explicó que este proyecto de ley que busca ampliar la cartera de inversión de los fondos de pensiones, a través de comprar “activos alternativos” (como acciones, por ejemplo, de empresas del sector Energético o de la Construcción) implica: “…someter a mayor riesgo a los afiliados, siguiendo la lógica de casino (…) ir a jugar al casino, con el rendimiento de las distintas acciones, para ganar”.
El Fondo A es el más expuesto al riesgo con la promesa de asegurar mayor rentabilidad al afiliado que, principalmente, son trabajadores(as) más jóvenes los que lo eligen. Sin embargo, afirmó el economista, con esta lógica se establece: “…una posibilidad mayor de que estas personas pierdan sus recursos, porque cuando su AFP los somete a más riesgo, efectivamente, puede haber un mejor retorno, pero en realidad lo que estamos diciendo es que el futuro es más incierto en esas inversiones. Y esas inversiones, se pueden perder más fácilmente que otras, son menos estables”.
En cuanto al artículo que propone “modificar” los procedimientos de la emisión de deudas de las empresas con la excusa de hacer más expedito el proceso, el proyecto dispone suprimir trabas en el mercado de capitales.
Al respecto, Carmona, advirtió que esto de destrabar el mercado, apunta a la eliminación de la calificación de riesgo de las empresas. Actualmente el proceso tiene controles: “… una empresa cuando emite deuda, se revisa por un tercero que emite una calificación de riesgo (…). Si una empresa es muy riesgosa, la calificación será mala”. Pero un elemento a tener en cuenta: solo se eliminaría el proceso de calificación de riesgo, a las empresas que están ya registradas en la Comisión del Mercado Financiero (CMF)
En resumen, si se aprueban los 2 puntos referidos a las AFP, habrá más espacio para que las AFPs especulen con los fondos de los afiliados, comprando acciones muy riesgosas de empresas que aparecen con una calificación de riesgo menor. Por lo tanto, las AFPs, invertirán en compañías que: “…dada la pandemia debieran tener calificaciones de riesgo mayores a las que tenían previamente (…) porque se asume la calificación que tenían antes”.
Y el trasfondo de todas estas modificaciones que se pretenden llevar a cabo, está: “…en que las personas más ricas del país que administran las AFPs -que es el negocio que más recursos maneja- le van a entregar recursos a otras personas muy ricas del país, para que de alguna manera salgan de la crisis financiera o económica en la que estén, a partir de los fondos de los propios trabajadores”, sentenció Carmona.
El pasado 17 de julio, la Comisión de Hacienda del Senado le dio luz verde a este proyecto, aprobando la idea de legislar. De ahí, su avance ha sido sigiloso.