“La sobre-ideologización del Gobierno lo lleva a ir a contrapelo de lo que proponen organismos internacionales”. Esa es una de las razones por las que no se han adoptado, por ejemplo, medidas reales de protección del empleo y salario. Estableceruna Renta Básica Universal de emergencia, requiere de un mayor esfuerzo fiscal, absolutamente viable, según los expertos, pues el Estado aún tiene espaldas financieras para endeudarse. Y una vía para respaldar el aumento del gasto estatal, sería fijar un impuesto del 2,5% al patrimonio del 0,1% de las personas más ricas del país.
En el marco del devastador impacto socioeconómico que está generando en la población el mal manejo de la crisis sanitaria por parte del Gobierno, la Fundación Instituto de Estudios Laborales (FIEL) organismo asesor técnico de la CUT, reiteró la necesidad urgente de concretar esta Renta Básica Universal (RBU) de emergencia para el núcleo familiar de trabajadores y trabajadoras desempleados, ya sea informales o formales.
Fernando Carmona, economista encargado del Programa de Políticas Públicas (PPP) de la FIEL, señaló que las cuarentenas sanitarias, obligatorias o voluntarias, son sin duda imprescindibles para frenar la propagación del COVID-19 en el país, estrategia que además ha demostrado en el mundo ser la más eficaz en su objetivo. Sin embargo, precisó: “…se requieren recursos necesarios para poder subsistir: No podemos pedirle a nadie que haga una cuarentena con hambre”.
La propuesta, explicó, se trata de una RBU de emergencia que dure seis meses y que su monto esté por sobre la “línea de la pobreza” por grupo familiar. Por ejemplo, de $450 mil mensual para cada núcleo familiar de 4 personas, teniendo como referencia las estadísticas del Ministerio de Desarrollo Social que estima el corte de la ´línea de pobreza´ para una familia de 3,1 integrantes, en $367 mil.
En términos del gasto estatal que estaría involucrado en una iniciativa de estas características, Carmona dijo que: “significa un esfuerzo fiscal de algo así como el 0,4% del PIB (Producto Interior Bruto) y que, si lo llevamos a seis meses, va a significar algo así como un esfuerzo fiscal del 2,5% del PIB”.
Panorama fiscal viable, aseguró el economista: “Se puede generar fácilmente, si es que el Estado se endeuda. Creemos que hay un espacio fiscal para endeudarse”.
El PPP, elaboró el documento: “Avanzar hacia una justa Renta Básica Universal” en que da cuenta de los argumentos económicos para sostener esta propuesta. Allí consigna detalles de cómo financiar este esfuerzo fiscal: “EL financiamiento puede venir de aumentar el endeudamiento del Estado o repatriar fondos del FEES (Fondo de Estabilización Económica y Social) En la alternativa de endeudamiento, destaca la posibilidad de modificar la Constitución para que el Banco Central de Chile pueda prestar de manera indirecta al Fisco, por la vía de compra de bonos en el mercado secundario. Es posible proyectar que un aumento de la deuda hasta llegar al 5% del PIB es perfectamente financiable por el país, a condición que aumentan luego los tributos”.
Y es precisamente el tema de los impuestos, otra de las banderas que ha levantado la CUT: Un gravamen de tan solo un 2,5% al 0,1% de las fortunas de las personas más ricas del país, podría recaudar hasta US$6.250 millones, es decir un 2,5% del PIB y 3,1 veces más que el presupuesto que reasignó el Gobierno para las familias más pobres del país (ver nota aparte)
Lee acá documento Renta Básica Universal de la FIEL
RBU v/s IFE v/s IBE
La propuesta de la RBU, está en las antípodas de Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) impulsado por el Gobierno (Ley que fue aprobada con polémica luego que el Parlamento aprobara el Veto Presidencial) En su espíritu, no solo tiene un sesgo en la cobertura de quiénes son los beneficiarios, pues apunta solo a los hogares con ingresos informales más vulnerables del país, pero además con porcentajes de acceso que varían entre el 90% y 80% de las familias de mayor vulnerabilidad inscritas en el Registro Social de Hogares; entre el 60% y 40% de los hogares según Indicador Socioeconómico de Emergencia y personas mayores de 70 años que sean beneficiarias de la Pensión Básica Solidaria de Vejez. A ello, se suman los montos del beneficio que se reducen gradualmente en tres meses; cifras que están muy lejos de la “línea de la pobreza”: el primer mes, $65 mil por cada integrante de la familia; segundo mes, $55.250 y en el tercer mes, $45.500 mil. Es decir, una familia de 4 integrantes, podría recibir hasta $260 mil el primer mes, descendiendo en el transcurso de los dos meses posteriores.
Al respecto, la CPP señaló en su documento que: “El envío del Veto Presidencial al Ingreso Familiar de Emergencia, deja en evidencia la necesidad de una política pública de transferencias monetarias a la población amplia, solidaria y digna, en particular de una Renta Básica Universal de emergencia, es decir de una renta que se entregue al grueso de las familias chilenas bajo el compromiso de hacer cuarentena total en sus hogares”.
La propia Comisión Económica para América Latina y El Caribe, CEPAL (organismo de Naciones Unidas, ONU) el pasado 12 de mayo al presentar su informe: “El desafío social en tiempos del COVID-19” , propuso a los Gobiernos que entregaran: “Un Ingreso Básico de Emergencia (IBE) equivalente a una línea de pobreza (costo per cápita de adquirir una canasta básica de alimentos y otras necesidades básicas) durante seis meses a toda la población en situación de pobreza en 2020 (es decir, 215 millones de personas o el 34,7% de la población regional). Esto implicaría un gasto adicional del 2,1% del PIB para abarcar a todas las personas que se encontrarán en situación de pobreza este año”.
Es por ello que, desde la FIEL, aseguran: “La sobre-ideologización del Gobierno lo lleva a ir a contrapelo de lo que proponen organismos como la OCDE, la CEPAL, la OIT o la ONU. Han dejado de ver que la principal riqueza de cualquier país es su gente, sus trabajadores, sus ciudadanos. Nada se puede construir desde la pobreza que no sea una mayor desigualdad en uno de los países más desiguales del mundo. Todos los que estamos en oposición a este Gobierno debemos convocarnos en la defensa de la gran clase trabajadores que va desde la vendedora ambulante hasta el joven profesional, pues todos ellos dependen de su fuerza de trabajo para sobrevivir en un sistema social y económico neoliberal, que prefiere resguardar ganancias privadas antes que vidas humanas”.